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SUSCRIBITEEl decreto de Milei y Presti se publicó en el Boletín Oficial y mantiene bajo secreto una nueva compra militar, en el marco del rearme de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno dispuso la compra bajo secreto militar nuevo equipamiento para las FFAA.
El Gobierno dispuso mantener bajo clasificación de secreto militar una nueva compra de material destinado a las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el Decreto 1205/2026, difundido este lunes en el Boletín Oficial. La disposición lleva las firmas del presidente Javier Milei y del titular de Defensa, el teniente general Carlos Presti.
Se establece un régimen de confidencialidad total para los contratos relacionados con la operación. De este modo, no se dieron a conocer datos centrales como las características del equipamiento, el monto de la compra, la empresa proveedora ni la fuerza que recibirá los elementos.
La medida se anunció en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Durante las últimas semanas, el presidente Javier Milei dispuso avanzar con sanciones contra compañías petroleras que desarrollan actividades en el archipiélago sin el aval argentino y promovió acciones judiciales contra varias de ellas. Además, impulsó un mecanismo de arbitraje internacional en el marco de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar con el objetivo de detener el proyecto de explotación petrolera Sea Lion y ordenó levantar una base naval en Tierra del Fuego.
En respuesta, el Gobierno británico citó a la embajadora argentina para comunicarle formalmente su rechazo a las medidas y el primer ministro Andy Burnham sostuvo ante el Parlamento que el Reino Unido actuará de manera “implacable” para proteger los derechos de los habitantes de las islas.
Como sustento jurídico, el decreto menciona la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63. Esta última norma contempla bajo la categoría de “secreto militar” cualquier adquisición, producción o construcción que tenga una relevancia decisiva para la preparación y el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas.
La aplicación de este régimen de confidencialidad libera a los organismos responsables de las contrataciones de la obligación de publicar y difundir información, tal como exigen las normas generales para las adquisiciones estatales.
Sin embargo, no se trata de un antecedente único. Desde el inicio de su gestión, el Gobierno nacional aprobó al menos cuatro decretos de esta naturaleza. Los tres que lo precedieron —los números 370/24, 807/24 y 1073/24— estuvieron relacionados con la compra a Dinamarca de los aviones de combate F-16 Fighting Falcon. Las disposiciones abarcaron tanto el proceso de adquisición como las obras de infraestructura requeridas para su puesta en funcionamiento y los acuerdos complementarios tramitados a través del programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS).
Otra disposición, identificada como Decreto 735/26, también estableció el carácter reservado de la salida temporal al exterior de componentes de los aviones para realizar trabajos de reparación, mantenimiento y modernización.
A diferencia de los antecedentes, la nueva medida está asociada a un trámite administrativo distinto (EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD) y no menciona de forma explícita ni a los F-16 ni a la Fuerza Aérea. La tarea de llevar adelante los procedimientos administrativos necesarios para ejecutar la operación quedó en manos de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa.
La publicación de la norma coincide con un proceso de modernización de las capacidades militares argentinas que no registra precedentes similares en las últimas décadas. Según un informe elaborado por la Unidad de Datos de Infobae, a partir de información del Sistema de Contrataciones Electrónicas y de convenios bilaterales, entre diciembre de 2023 y agosto último el Estado invirtió USD 445.026.954 en armamento y equipamiento militar y de seguridad.
Ese monto supera los desembolsos acumulados durante la presidencia de Alberto Fernández, que alcanzaron los USD 428,7 millones, y equivale a más de seis veces lo destinado a ese sector en la administración de Mauricio Macri, con USD 72 millones. La diferencia se registra cuando el mandato de Javier Milei todavía no llegó a los tres años.
Del presupuesto ejecutado, USD 381,4 millones se destinaron al sector de Defensa, mientras que los USD 63,7 millones restantes fueron asignados al área de Seguridad. La mayor parte de las erogaciones se registró en 2024, cuando sumaron USD 357,8 millones. En cambio, durante 2025 se redujeron a USD 59,4 millones y, entre enero y julio de 2026, totalizaron USD 27,8 millones.
Entre las operaciones más relevantes se destacó el acuerdo firmado con Dinamarca en abril de 2024 para incorporar 24 cazas F-16, distribuidos en 16 unidades de un solo asiento y otras ocho con capacidad para dos tripulantes. La transacción se pactó por USD 301,2 millones, con un esquema de pago dividido en cinco cuotas anuales.
El arribo de los primeros seis aviones se concretó el 5 de diciembre de 2025. Las unidades fueron exhibidas en el Área Material Río Cuarto, ubicada en Córdoba, durante una ceremonia encabezada por el presidente. En septiembre de 2026 se sumaron otros seis cazas, mientras que la Fuerza Aérea prevé recibir los 12 restantes antes de diciembre de 2027.
La compra tuvo como objetivo recuperar la capacidad de combate aéreo que el país había dejado de tener en 2015, tras la salida de servicio de los últimos aviones Mirage. La negociación estuvo a cargo del entonces titular de Defensa, Luis Petri, y representó un cambio significativo en la estrategia militar de la administración libertaria.
La modernización del equipamiento militar también incluyó a las fuerzas terrestres. El Ejército argentino pactó con Estados Unidos la incorporación de ocho blindados Stryker 8x8 por un valor de USD 20 millones, en una operación que contempla la opción de elevar el número total a 235 unidades de diferentes variantes, destinadas al traslado de tropas, la atención sanitaria y evacuación de heridos, las tareas de comando y el respaldo de fuego.
En ese marco, un lote inicial de 50 vehículos ya fue sometido a una inspección en Texas y se espera que llegue al país antes de finalizar el año.
Por otra parte, en marzo de 2026, el Ministerio de Defensa suscribió un convenio para sumar a su flota helicópteros UH-60L Black Hawk procedentes de los depósitos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
El plan prevé la posibilidad de adquirir hasta 20 unidades, con un presupuesto máximo de USD 140 millones, mediante el programa estadounidense de Ventas Militares al Extranjero. La previsión oficial es que los primeros cuatro aparatos arriben antes de fin de año para sustituir a los AS332 Super Puma, modelos que actualmente utiliza el Batallón de Helicópteros de Asalto 601 y que presentan un mayor tiempo de servicio.
En el ámbito naval, la Armada sumó a su flota cuatro aeronaves P-3 Orion, especializadas en patrullaje marítimo, que fueron compradas a Noruega por un total de USD 60 millones. Su incorporación apunta a reforzar la vigilancia del Atlántico Sur y de la zona económica exclusiva de la Argentina.
A estas adquisiciones se añadieron seis helicópteros Bell 407GXi, cuya compra a Canadá se concretó mediante un acuerdo entre ambos gobiernos por USD 32,4 millones. También se destinaron USD 8,16 millones a la adquisición de 48 camiones Unimog U4000, previstos para cubrir las necesidades de transporte y abastecimiento terrestre del Ejército.
El Presupuesto 2027, presentado ante el Congreso en septiembre, contempló la posibilidad de contraer financiamiento por USD 2.300 millones para adquirir tres submarinos convencionales y por otros USD 1.200 millones para incorporar dos fragatas con capacidad para cumplir múltiples misiones. Según lo previsto, los submarinos tendrían como base operativa Mar del Plata, mientras que las fragatas estarían destinadas a la Base Naval Puerto Belgrano.
La Armada analizó las ofertas presentadas por dos compañías del sector naval europeo. Una corresponde a la francesa Naval Group, que propuso el modelo Scorpène Evolved, un submarino de 72 metros de longitud, 2.000 toneladas de desplazamiento y capacidad para permanecer hasta 80 días en operaciones. La otra alternativa fue presentada por la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), que compite con el Type 209NG, una embarcación de 63 metros de eslora y 1.590 toneladas.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Marcelo Dalle Nogare, señaló que tanto Francia como Alemania pusieron sobre la mesa opciones para financiar el costo completo de la adquisición, cuyo valor podría superar los 3.000 millones de euros.
La resolución final quedó en manos del presidente Javier Milei, quien deberá definir si avanza con la operación. De concretarse la compra, la Argentina podría volver a contar con capacidad operativa submarina, perdida en noviembre de 2017 tras el hundimiento del ARA San Juan, tragedia en la que fallecieron los 44 integrantes de su tripulación.
No obstante, que los fondos estén contemplados en el proyecto de Presupuesto no significa que la adquisición ya esté acordada. Para que la operación se materialice, será necesario obtener el aval del Congreso y establecer las condiciones de financiación con las empresas proveedoras.
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