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SUSCRIBITEEl Gobierno envió el proyecto de imputabilidad que establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto para bajar la edad de imputabilidad (Foto ilustrativa)
El Gobierno nacional envió hoy a la Cámara de Diputados el proyecto que reduce la edad de imputabilidad a 13 años, y también establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal.
En el proyecto se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua, idea que ya habían explicado días pasados los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich.
El proyecto que llegó a la Cámara baja fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona, y la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia.
La nueva norma que deberá ser debatida, establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
Establece que no se le impondrá al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20. Desde el Gobierno argumentan que los menores en conflicto con la ley es uno de los graves problemas del país.
“Su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”, indicaron.
La Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, indica que los menores de 16 años son inimputables, y el gobierno propone cambiarla basada en cuatro aspectos principales con el cambio de paradigma.
Uno de ellos es la modernización y adecuación de la legislación a la realidad; el otro es el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región; la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño y la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad.
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