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SUSCRIBITEDicha suma es en concepto de impuestos. La decisión fue tomada por unanimidad y de esa forma se le negó el pedido efectuado por el dueño de Tabacalera Sarandí.
Pablo Otero, más conocido como "el Señor del Tabaco".
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el impuesto mínimo aplicado al tabaco es válido, y determinó que Tabacalera Sarandí, perteneciente a Pablo Otero, deberá abonar al Estado una suma superior a los mil millones de dólares. En su decisión, el tribunal superior dejó sin efecto el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Esta última había declarado inválidos los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430. El pronunciamiento, avalado con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, sostuvo que la compañía no consiguió demostrar que la norma vulnerara el derecho de propiedad ni que fuera irrazonable.
Esta disposición fiscal sobre el tabaco, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, dio origen a un extenso conflicto judicial. La Corte subrayó que la firma de Otero no presentó ninguna evidencia que acreditara la supuesta adhesión mencionada.
Los magistrados señalaron que los tributos constituyen un “valioso instrumento de regulación, complemento necesario del principio constitucional que prevé atender al bien general”. Y en esa línea, consideraron lógico que determinadas actividades enfrenten cargas impositivas especiales.
Respecto al tabaco, la resolución recordó que entidades internacionales, como la OMS, han respaldado la estrategia de incrementar el precio de los cigarrillos como medio para reducir su consumo.
Asimismo, indicaron que estas medidas forman parte de una política fiscal cuya definición corresponde al Congreso de la Nación, sin que el Poder Judicial deba intervenir en su diseño. Finalmente, la Corte concluyó que Otero no consiguió probar de qué forma la aplicación diferenciada del tributo perjudicaba a su compañía.
Otero registra ante el fisco una obligación pendiente de $419.398.257.693, cifra que surge de combinar el capital impago correspondiente al período comprendido entre agosto de 2018 y junio de 2024, estimado en $305.239.257.693, con los intereses resarcitorios calculados al 12 de diciembre de 2023, que ascienden a aproximadamente $114.159 millones.
A su vez, la ARCA lo acusó formalmente de blanqueo de capitales. De acuerdo con un reporte emitido por la División de Fiscalización Externa de Grandes Contribuyentes, la firma habría movido más de $33.000 millones entre 2021 y 2023 mediante 23 distribuidores mayoristas que, según los auditores, no contaban con sustento contable ni capacidad operativa para manejar tal magnitud de operaciones.
Las firmas que habrían participado en la operación son Red Point, West, Kiel y Master. La compañía empezó a consolidar su presencia en el sector después de oponerse en los tribunales al abono del tributo mínimo aplicable al tabaco.
Otero consiguió aplazar el pago de sus compromisos impositivos gracias a recursos judiciales, argumentando que su empresa tenía categoría de pequeña y mediana y que el impuesto implicaba una carga excesiva. Con esa estrategia, logró ofrecer productos a precios muy inferiores a los de las marcas más consolidadas.
El caso por lavado no es la única causa que involucra al empresario. En la ciudad de Mar del Plata se desarrolla una pesquisa por supuesta adulteración de sellos fiscales y la venta de cigarrillos respaldada con papeles falsificados. La causa, que conduce el juez federal Santiago Inchausti, se inició en 2019 y tuvo origen igualmente en una investigación previa de la extinta AFIP.
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