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La abogada Claudia González, representante de la asociación de Abogados de Jujuy, lideró una protesta en contra de un proyecto de ley que busca suspender los juicios y sentencias en contra del Estado en la provincia. “Es otro intento de sacar plata de donde sea”, aseguró la letrada.
Según explicó González, el proyecto que fue presentado en la Legislatura jujeña el día viernes "suspendería los trámites, impediría la ejecución de sentencias y en el caso de existir fondos depositados, cancelaría la posibilidad de cobro", enumeró la abogada. Por otra parte existe una excepción, "solo considera la salvedad de un agravante por enfermedad preexistente con un tope de $100.000”, detalló.
Haciendo hincapié en el caso de las personas que presentan alguna complicación sanitaria, la abogada puntualizó en los altos costos que tiene llevar adelante un tratamiento de salud en donde el tope que prevé este proyecto resultaría escaso.
El reclamo de González asegura que la medida es “inconstitucional e irresponsable”. En esta línea ejemplificó uno de los escenarios en el caso de aprobarse esta ley. “Los afiliados del Instituto de Seguros de Jujuy tienen cobertura íntegra ante algunos tratamientos y no podrían demandar al Estado provincial para obtener esto. Nosotros con una medida autosatisfactiva conseguimos que el juez ordene la cobertura y después se discuta la cuestión de fondo pero primero la salud. Todo eso avasalla este proyecto”, aseguró.
En relación a las limitaciones del proyecto para los abogados, González puntualizó: “No vinimos a pedir una excepción porque también estarían incluidos los honorarios de los abogados. Quien trabajó y litigó durante 10 años y tiene los honorarios reconocidos por sentencia en la causa, tiene todo el derecho a cobrar según la ley de honorarios que aprobó esta misma legislatura con carácter alimentario”.
González asegura que tanto el Superior Tribunal de Justicia como el Colegio de Abogados y Magistrados debían ser consultados sobre estos temas. “Los señores diputados son la expresión máxima de la democracia, nos representan a todos y a cada uno. Son ellos los que tienen que defender nuestros derechos. Son ellos los que nos deben explicaciones si se aprueba esto”, aseveró.
Por otra parte, los abogados Alberto Nallar y Riad Quintar presentaron hoy un pedido de juicio político para el gobernador Gerardo Morales. Aseguran que el proyecto de ley que ordena la cesación de pago de deudas públicas en sede judicial es “inconstitucional” y se da por una “mala administración” de la provincia.
“El pedido de juicio político viola la propiedad privada protegida por los pactos internacionales, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial”, explicaron los letrados.
Los abogados señalaron que ya existió un proyecto de ley con similares características que finalmente fue rechazado. En relación a Morales puntualizaron: “El Gobernador no tiene facultades para generar una ley de estas características. Pretendemos que actúe ajustado al Derecho, hay leyes y deben cumplirse. Su obligación es defender los derechos como máxima autoridad”.
Según Nallar y Quintar, el Superior Tribunal de Justicia deberá actuar señalando la inconstitucionalidad de la medida en caso de convertirse en ley.
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