Las condenas a Milagro Sala y otros involucrados en la causa Pibes Villeros que el Tribunal decidió ayer, fue recibida con beneplácito por los organismos del Estado provincial que denunciaron los ilícitos durante los últimos años. Mariano Miranda, Fiscal de Estado, aseguró que este fallo desestima la postura de algunas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos que catalogaron a Milagro Sala como “presa política”.

Mariano Miranda

“Ahora queda en claro que no fue así. El Tribunal así lo manifestó con el veredicto, imponiéndole distintas condenas a la gran mayoría de lo que denunciamos”, dijo el funcionario y calificó a Milagro Sala como “una delincuente común”. Además anticipó que cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia, harán un análisis pormenorizado de los montos de las penas.

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Miranda dijo que se logró acreditar, a través de testigos y pruebas, que en Jujuy funcionaba una asociación ilícita, que mediante un mecanismo con las cooperativas, algunas obligadas y otras cómplices, extraían fondos del circuito formal para un destino arbitrario.

“Solo en el 2015 las cooperativistas cobraron más de 2000 cheques y reclutaban más de 750 personas por una suma superior a los 90 millones de pesos. Eso sin contar el movimiento de cuentas de la cooperativa “Pibes Villeros”, que durante el 2014 y 2015 fue de 340 millones, cuando el fraude investigado era 60 millones”.

“Acá existió una falta de control por el Estado y como dijeron varios testigos, un Estado paralelo cuya líder era Milagro Sala”, explicó Miranda y agregó que Milagro Sala y el resto “tomaron decisiones por afuera de los canales democráticos en Jujuy”.

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Sobre el futuro de Sala, que transita por otros juicios similares, como la llamada “Megacausa”, que también plantea fraude al estado, y otro juicio por lavado de activos, Miranda dijo que las condenas pueden sumarse. “Sala tiene otra condena a nivel Federal por 3 años. Cuando queden firmes se determinará por el Tribunal la acumulación y quien estará cargo”, dijo.

Sobre el pedido del Tribunal de desafuero para Balconte y Sagardia, en dialogo con Arriba Jujuy dijo que es la primera vez que sucede en Jujuy un hecho así. “Hay un procedimiento establecido y se debe seguir el mismo. Esto lo deben analizar el Concejo Deliberante de San Pedro y la Legislatura. Esos cuerpos deben lograr los dos tercios y si no, cuando los legisladores finalicen sus mandatos y quedan firmes la sentencias, deberán cumplir la condena”, finalizó el Fiscal de Estado de Jujuy.

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