El 24 de julio comenzó el juicio por la causa que investiga el desvió de fondos destinados a la construcción de viviendas por parte de cooperativas. Al iniciar esta instancia se tenían previstas 20 audiencias, las cuales por diferentes circunstancias y eventualidades se dilataron.

La causa cuenta con 98 expedientes, alrededor de 17 mil fojas y reúne tres causas originales en las que 31 personas son investigadas, entre las que figuran otros dirigentes de la Tupac, exfuncionarios provinciales y municipales por una presunta defraudación al Estado por 60 millones de pesos, de los cuales 29 millones habrían sido cobrados por las cooperativas para obras de un plan de vivienda, “Vivir Mejor II”, que, según las autoridades del Ministerio Público de la Acusación, “no fueron ejecutadas”.

El hecho sale a la luz cuando miembros de las cooperativas asociadas a la Tupac cobraron cheques por 50 mil pesos cada uno, con un total de 10 millones de pesos. Entre esas cooperativas está la denominada “Pibes Villeros”.

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El 10 de diciembre comenzó la lectura de alegatos y hoy se llevó adelante la sexta jornada de esta índole. En este marco, la fiscalía expuso su solicitud de 22 años de prisión Milagro Sala, quien se encuentra imputada por encabezar una presunta asociación ilícita.

Cabe destacar que en medio de la lectura de las solicitudes de la fiscalía, Milagro Sala manifestó malestar y fruto de esta descompensación fue atendida en una oficina contigua a la sala donde se desarrolla el juicio.

Por su parte, Raúl Noro -esposo de Sala- deberá responder como integrante de la asociación ilícita. Desde la fiscalía sostuvieron que no fue ajeno a “lo pergeñado por Sala y además participó en reuniones con funcionarios donde se dio la recepción de fondos que llegaban”. Detallando la situación argumentaron que en el domicilio de Sala había “bolsos y maquinas para contar dinero” por lo cual era imposible que estuviese ajeno a lo que acontecía.

Raúl Noro carece de antecedentes penales considerables y la fiscalía solicitó 5 años de prisión e inhabilitación absoluta.

En relación a los otros imputados, la fiscalía pidió lo siguiente:

Javier Nieva

La fiscalía pidió 15 años de prisión para el imputado por los delitos de “Asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión”.

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A fines de noviembre del 2016 fue detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.+

Marcia Sargardia

Solicitaron 13 años de prisión más inhabilitación absoluta. Fue concejal del FUYO.

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Pablo Tolosa

La fiscalía solicitó 8 años de prisión, ex vocal del Instituto de la Vivienda de Jujuy.

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Emilio Bustos y Héctor Martínez

Solicitaron para ambos, 7 años de prisión e inhabilitación. Bustos por haberse desempeñado como coordinador de la UEM y Martínez, quien estuvo a cargo de las auditorias del Instituto de Viviendas de la provincia.

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Mirtha Aisama y Gladis Díaz

La fiscalía pidió para ambas una pena de 10 años de prisión y la inhabilitación absoluta.

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Patricia Cabana, Miguel Sibila e Iván Altamirano

Al igual que Aisama y Díaz, piden la pena de 10 años de prisión y la inhabilitación absoluta por ser penas mayores a 3 años.

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