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Del ataque sufrió heridas el hijo, de 7 años, de la titular de la repartición Ana Juárez Orieta. El mismo se encuentra fuera de peligro habiendo sufrido una inflamación de tímpanos.
Además, fueron golpeados y amenazados tanto la titular de la DIPEC como sus dos secretarios, situación que se ventila en la Justicia. Ante la gravedad de los acontecimientos, intervino el ayudante del fiscal, Walter Rondon, junto a efectivos de Infantería que lograron dominar a los exaltados. Las actuaciones están a cargo del fiscal Osinaga.
La pregunta es ¿cuáles son los verdaderos motivos de tan desmedido ataque? ATE y un sector de los empleados de la DIPEC expusieron que era un problema laboral producto de la no renovación de los contratos.
Por otro lado, desde la Dirección aseguran que son 89 empleados que trabajan y solo 10 participan de la protesta, pero que a su vez los delegados fueron notificados hace más de una semana sobre la renovación de los contratos, de los cuales algunos están en procesos de titularización. Descartan, de esta manera, alguna motivación de carácter laboral.
La realidad parece ser la instalación de un sofisticado sistema de cámaras de seguridad que al momento de la agresión todavía no estaba configurado y se espera empiece a funcionar activamente en las próximas horas.
También se escondería una motivación de carácter económico que habría quedado al desnudo en enero de 2016 ante la asunción de nuevas autoridades de la repartición.
Un grupo de aproximadamente 10 empleados contratados mediante locación de servicios, que serían los que participaron de la protesta, en una actitud ilegal, habrían cobrado al organismo nacional mediante contrato de locación de obra, montos equivalentes a 3 y 4 veces los sueldos que percibían.
Manifestaban, a su vez, que el delegado de ATE, Horacio Cruz, la persona que se habría victimizado ayer por un aparente ataque cardíaco y hoy está en su domicilio con parte médico, habría cobrado durante el 2015 un total de seis sueldos por mes.
Desde fuentes bien informadas de la Dirección, manifestaron a TodoJujuy.com que está totalmente prohibido para un contratado en locación de servicio cobrar suma alguna en concepto de locación de obra.
Más allá de la investigación que se registra por los daños ocasionados y las amenazas inferidas, sería muy importante que la Justicia y los organismos de contralor realicen las auditorias correspondientes para verificar si realmente durante los años anteriores se cobraban estos sobresueldos en forma absolutamente ilegal.
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