Jujuy. 

Defensor del Pueblo pidió prorrogar la ley de biocombustibles

Javier de Bedia, el Defensor jujeño, afirmó que la actividad productiva de los biocombustibles es fundamental para la economía y ecología.

Por  Claudio Serra

El Defensor del Pueblo de Jujuy participó del 1er plenario anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

Javier de Bedia apoyó el pedido realizado por el gobierno de Jujuy y de otras provincias que integran el noroeste argentino para que el Congreso de la Nación prorrogue la Ley de Biocombustibles por dos años más. De Bedia fue recientemente designado vicepresidente primero de ADPRA.

Los defensores del Pueblo resolvieron solicitar al Congreso la prórroga de la Ley ante la posibilidad de que dicha normativa pierda estado parlamentario en los próximos días. La petición llega tras la insistencia de los estados provinciales productores de bioetanol, como Jujuy.

“Acordamos elevar el pedido en primera instancia a la Secretaría de Energía de la Nación, para luego hacer lo propio ante las Cámaras alta y baja del Congreso argentino y a los legisladores de cada distrito involucrado en los procesos de producción de biocombustibles”.

De Bedia señaló que la legislación que rige en la materia, da protección y amparo legal a esta actividad, resguardando una fuente de trabajo de gran importancia para las provincias productoras. Agregó que el bioetanol “no sólo genera fuentes de ingreso genuinas, sino que además es energía limpia”.

El Defensor del Pueblo de la provincia insistió que la actividad de los biocombustibles permite cumplir los estándares internacionales de preservación y cuidado del medio ambiente, evitando la contaminación que amenaza a todo el planeta y a sus seres vivos.

De Bedia destacó que en 2019 la provincia se ubicó entre los principales distritos productores, generando más del 10 por ciento del bioetanol argentino, a través de sus ingenios azucareros.

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Defensores del Pueblo y los biocombustibles

Defensores del Pueblo y los biocombustibles

La ley vigente se implementó con el expresidente Néstor Kirchner en 2006 y vence el 12 de este mes. El nuevo proyecto, presentado por 14 diputados del Frente de Todos y uno del PRO, reduce de 10 a 5% la presencia del biodiésel de soja en el gasoil.

En el caso del etanol en la nafta la mantiene en el 12% en vigor, pero abre la puerta a una baja a 9% que absorbería el etanol de maíz, no el de azúcar. Esto último de darse sería para favorecer a las provincias del NOA donde se produce caña de azúcar.

Tras conocerse el proyecto oficial, la Cámara Argentina de Biocombustibles, Cámara de Bioetanol de Maíz y otras organizaciones, alertaron que el proyecto “pone en riesgo de desaparición a muchas empresas que invirtieron cientos de millones de dólares y que aportan empleo y beneficios ambientales, sociales y económicos en todo el país”.

Mientras el Centro Azucarero Argentino en cambio respaldó la iniciativa y expresó que “espera que los diputados del NOA apoyen la iniciativa cuando sea tratada en el recinto”.

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