El controvertido proyecto que enviará el Gobierno Nacional a la Cámara para que sea debatido y que pretende bajar la edad de imputabilidad a 15 años, sigue generando reacciones desde todos los ámbitos. Hace pocos días desde el Ministerio Público de la Acusación su titular, Sergio Lello Sánchez, aseguró que “no sería la solución”.

Ahora también el Ministerio Público de la Defensa Civil de Jujuy dio su opinión a través de la Defensora General, Susana María Traillou, que se sumó al rechazo. La funcionaria participó de la firma de un documento público a través del cual los miembros del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina plantearon su oposición al referido proyecto legislativo.

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Traillou sostuvo que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil no puede centrarse solamente en la persecución estatal, a través del derecho penal de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantiza derechos a las niñas, niños y adolescentes que sean infractores o no a la ley penal.

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Para la funcionaria bajar la edad de punibilidad para disminuir la inseguridad significará “profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales y retroceder en la construcción de derechos de la niñez. Las leyes que se dictan no deben afectar derechos consagrados en la constitución y los tratados que forman parte de la misma”, aseveró la magistrada.

Además dijo que el rol del Ministerio de la Defensa Civil a su cargo es “garantizar el acceso a justicia de todos los niños de la provincia, representarlos y defenderlos, porque los mismos necesitan de una tutela especial para hacer efectivos sus derechos”, y agregó que “estamos proyectando una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales”.

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Según manifestó la Defensora General “esto es un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas, para facilitar su inclusión en un proyecto de vida alejado del delito”.

Afirmó que “hay que trabajar desde todos los ámbitos para que las situaciones de vulnerabilidad de los niños sean atendidas a tiempo”. Indicó que en el mundo la justicia juvenil consagra como objetivo principal la resocialización de los jóvenes y la no profundización de sus condiciones de vulnerabilidad”.

Para Traillou se necesita un sistema basado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que facilite la reinserción. “Es mejor para la sociedad porque reduce la reincidencia y la violencia y, además, en muchos casos esa clase de medidas resultan también menos costosas en términos económicos”.

Además y en consonancia con otros estamentos dijo que una justicia especializada para adolescentes y jóvenes, debe garantizar el abordaje diferenciado desde el inicio de la investigación hasta la finalización del cumplimiento de la sanción, incluyendo cada una de las instancias superiores y pidió que el Estado se haga cargo con más recursos.

“También el nombramiento de quienes intervienen en la solución de la problemática, por medio de procesos de selección que contemplen efectivamente la especialización en materia de niñez y adolescencia. La especialización de la justicia juvenil implica un abordaje socioeducativo en todas las instancias del proceso”.

Evaluó que el proyecto es “una respuesta tardía del Estado por fallas u omisiones de intervención previa”, y expuso estos fundamentos para suscribir el documento del Consejo Federal y aseveró que el proyecto “no les servirá a los niños, ni a la sociedad, ni a las víctimas.

Entre los puntos sobresalientes del documento emitidos por todos los defensores públicos del país se resalta lo irrazonable del proyecto ya que la cantidad delitos cometidos por menores de 15 años “es insignificante”. Destacan que para evitar que menores delincan hay que dar cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales que tienen.

En el escrito afirman que la mayoría de los Sistemas Provinciales de Protección de Derechos encuentran serias dificultades para dar cumplimiento a los principios básicos previstos en la Ley Nº 26.601, a los que es prioritario fortalecer. Y subrayan que el contacto temprano con la ley penal no es recomendado por la criminología nacional e internacional.

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