El Gobierno avanza con las modificaciones al régimen Penal Juvenil y el nuevo proyecto de ley será enviado al Congreso en las sesiones extraordinarias que convocará Mauricio Macri en febrero próximo. El proyecto llamado “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” se aplicará a los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años al momento de la comisión del hecho”.

Para Sergio Lello Sánchez, responsable del Ministerio Público de la Acusación de la provincia, bajar la edad de imputabilidad no es la solución. “No creo que la solución pase por bajar la imputabilidad, no es un tema aritmético. Hace falta una inversión en cuestiones previas, como que los adolescentes sean integrados socialmente”, dijo.

Dr. Sergio Lello Sanchez

Para ello el jefe de fiscales dijo que “falta inversión, para que los jóvenes no estén en la calle”. Si bien admitió que los legisladores responden e interpretan una demanda social sobre la inseguridad, reiteró que “bajando la imputabilidad a menores no se resuelve el problema”.

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Entre los artículos principales del proyecto que debatirán los legisladores sobresale que aquellos menores que cuenten con 15 años sólo se les aplicará el régimen cuando cometieren “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. Se enmarca como delitos graves a homicidios, violaciones o abusos sexuales agravados, secuestros extorsivos o robos con armas de fuego.

Lello Sánchez dijo que analizó el anteproyecto y afirmó que hay algunos puntos positivos. “Se integran al sistema de justicia penal juvenil una serie de garantías y derechos que no estaban muy claras en la actual ley. Se reconoce la necesidad de la integración social de los adolescentes, con una serie de medidas que tomará el poder ejecutivo para destinar recursos para esa finalidad”.

El proyecto crea un régimen especial de prescripción de la acción penal e introduce la posibilidad de resolver conflictos a través de la mediación, conciliación o remisión, con un nuevo instituto que declara extinguida la acción y busca darles una solución no punitiva, siempre de acuerdo al criterio de los fiscales. “Es un avance que se incorporen métodos alternativos de resolución de conflictos. Por eso se incorpora la Justicia Restaurativa como una instancia más”, resaltó el funcionario judicial.

El artículo 12 establece que “la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible” y que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.

“Hoy no ocurre que los menores sean trasladados a penales”, aclaró Lello Sánchez y pidió entablar más dialogo con los jóvenes, buscando soluciones alternativas. “Hoy los fiscales tienen un rol menor y quien toma las decisiones es el juez. El fiscal no aplica criterios y con este proyecto se podrá hacer. Las investigaciones de las causas estará en manos de los fiscales, como debe ser”, indicó.

En el proyecto el juez podrá imponer al menor, por un plazo máximo de tres años, lo que el artículo 29 define como “Sanciones socioeducativas”, como asistencia a programas de formación ciudadana, capacitación laboral, cultural y deportiva, o cumplir con un tratamiento médico o psicológico, elaborando un plan individualizado para cada adolescente.

De aprobarse la ley, en caso de que el menor de 15 años resulte responsable de un hecho, que contemple una pena máxima superior a los diez años de prisión, un equipo interdisciplinario deberá definir cómo se seguirá la evolución de ese joven: ya sea con acuerdos restaurativos, programas de salud o tratamiento de adicciones en caso de que sea necesario o su derivación a organismos de protección de los niños, si es que por su contexto familiar así lo requiere. El juez deberá recibir un informe cada tres meses de la situación del chico.

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