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2 de agosto de 2019 - 14:34
La prueba piloto fue en Jujuy

En Argentina más de 12 mil personas están internadas en instituciones mentales

El 1er Censo Nacional se realizó en nuestra provincia y otras 21 jurisdicciones.

Carolina Juárez Bejar - 1er Censo Nacional se realizó de salud mental

Realizado por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, se concretó 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental. La información se recabó en 21 jurisdicciones, entre ellas Jujuy, y en esta etapa no se incluyeron las provincias de Santa Cruz; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Formosa por no contar con instituciones monovalentes.

“Es un avance histórico este censo”, dijo Carolina Juárez Bejar, una de las encuestadoras que tomó parte del operativo, y detalló que los equipos de salud mental trabajaron en cada lugar. “A partir de esto es que se puede planificar políticas públicas para dar respuesta a lo que dice la ley”, estimó.

El relevamiento se realizó durante el año 2018 y 2019 e incluyó a todas las instituciones públicas y privadas con internación monovalente del país. La prueba piloto del instrumento se realizó en las provincias de Jujuy y La Rioja. En total se censaron 162 instituciones, 41 de las cuales pertenecen al sector público.

Reunión por el Censo en salud mental.jpg

En nuestro país hay un total de 12.035 personas internadas por motivos de salud mental y la mitad de ellas se encuentran alojadas en instituciones del sector público. El lapso de internación de los pacientes promedia los 8,2 años: 12,5 años en el sector público y de 4,2 en el sector privado.

“Esto da cuenta de la vulnerabilidad de la gente que está internada”, subrayó Juárez Bejar y catálogo de “terrible” que el promedio de internación sea de 8 años. “Hay que hacer un replanteo de la vulneración que se vive. A partir de esto hay que lograr reducir los tiempos de estadía”, y dijo que la inversión del Estado es clave.

En cuanto a las características de la población internada, la media de edad fue de 50 años y el rango fue de 37 a 63 años, registrándose el mínimo de edad en 7 años y el máximo en 96. Mientras que en lo que respecta a la identidad de género: el 49,1% se identificó como masculino; el 45,4% como femenina; el 0,5% intersexual; el 4,7% figura sin dato y un 0,2 se reconoció como trans femenina y trans masculino.

El 68,8% manifestó tener ingresos, aunque el 72% de estas refirió no administrarlos. En tanto, el 58% de las personas internadas dijeron tener vivienda, pero sólo el 74% de estas refirió poder disponer de la misma. El 21% de la población internada manifestó tener cobertura pública exclusiva de salud. El 53,6 tiene cobertura de obra social; el 12,6% refiere que tiene un plan estatal; el 8% prepaga y el resto tiene alguna tramitación en curso o no refiere datos.

El 41,6% de las personas refirió poder realizar llamadas telefónicas y el 34,1 % no recibió visitas. Aunque el 40,4% de las personas refirió no hacer salidas en el último mes, ya sea solo o acompañado. El 28,5% de las personas internadas firmaron consentimiento informado y sólo el 36,4% de las personas que continúan internadas es por presentar riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.

“La salud mental es parte de la salud, hay que promover la vida saludable”, y afirmó que la vulnerabilidad de derechos es grave. “La vulneración parece que está naturalizada”, dijo Juárez Bejar.

En total se realizaron 181 operativos territoriales de los que participaron más de 750 personas entre trabajadores de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, trabajadores de las jurisdicciones participantes, residentes y voluntarios.

Este relevamiento es el primero realizado en nuestro país y aporta datos fundamentales para establecer lineamientos, planificación de acciones y políticas públicas tendientes al cumplimiento de los derechos de las personas con padecimientos mentales. Argentina cuenta con una ley de salud mental que cumple con estándares internacionales muy destacados en materia de protección de los derechos de las personas.

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