Esta tarde el fiscal Aldo Lozano brindó una conferencia de prensa donde dio detalles sobre la investigación que lleva adelante para aclarar la muerte de la trabajadora de Canal 2 Elizabeth del Valle Pérez, que era paciente de riesgo y falleció por coronavirus, luego de infectarse en su lugar de empleo, el call center del mencionado multimedio.
Este mediodía se realizó una medida de inspección ocular ordenada por Lozano en el lugar donde trabajaba Pérez, en el barrio Castañeda, donde está el call center de la empresa TV sistemas Canal 2, según explicó el fiscal. Los resultados de dicha medida forense estarán disponibles mañana para continuar la investigación.
Lozano indicó que no se trató de un allanamiento y destacó "la colaboración de la empresa que permitió hacer la medida de manera prolija". Dijo también que requirió al canal informes referentes a la mujer fallecida.
La causa contra Canal 2 comenzó a raíz de la denuncia de José Matorras, la pareja de Pérez, según dijo Lozano. A partir de esa presentación penal tomaron declaraciones testimoniales. Muchos de esos testigos, que se han presentado voluntariament, "son ex empleados y empleados de la empresa", indicó el fiscal y agregó: "No es fácil para un trabajador en relación dependencia aclarar las condiciones de trabajo, no solamente del call center sino también de la calle Hipólito Yrigoyen".
Las personas que declararon, explicó el fiscal Lozano, señalan que son paupérrimas las condiciones de trabajo y que sufrían hacinamiento.
En la causa hay pruebas pendientes de producción, como un informe médico del Comité Operativo de Emergencia, ya que Pérez estuvo internada en el hospital de campaña de Ciudad Cultural.
A partir de las declaraciones de trabajadores y ex trabajadores - son seis testimoniales - se radicaron tres denuncias penales cuyos imputaciones serán conocidas por las personas investigadas en el día de mañana, cuando también tendrán la oportunidad de designar a sus abogados defensores.
De acuerdo con los dichos del fiscal, son cuatro los imputados (dos mujeres y dos hombres) y están acusados por los delitos de amenazas coactivas - artículo149 bis del Código Penal - y por violación de las medidas oficiales para prevenir la expansión de la pandemia, contenidas en decretos nacionales y normativas provinciales, y por violación a las medidas de bioseguridad en el lugar de trabajo, específicamente, el call center.
Finalmente y con respecto a los imputados, Lozano indicó sin dar nombres ni mayores detalles - porque aún no fueron notificados - que se trata de una gerente y supervisora que diagramaba las tareas del call center, de personal jerárquico y de una persona encargada del área de recursos humanos. Están imputados por las denuncias de quienes se contagiaron coronavirus en el call center y también por amenazas coactivas.
Según su hermana María Pérez, Elizabeth “padecía diabetes, hipertensión, sobrepeso y principio de celiaquía. Vivía con dolores, tenía siempre los brazos hinchados y las piernas hinchadas”. Según relató a Todo Jujuy, la mujer había pedido trabajar desde su casa porque era una persona de riesgo. "Le instalaron las máquinas un par de días y después las sacaron - relató Pérez -. La volvieron a meter a la empresa porque personas del canal se habían contagiado de covid-19 y necesitaban personal”.
Según su hermana, Elizabeth "se contagió ahí” y, a pesar de que tenía fiebre, “no la dejaban ir a su casa, le pedían carpeta médica por las enfermedades que ella tenía". La mujer falleció en una clínica privada el pasado 7 de octubre.
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