“No entendemos el razonamiento empleado para vincular un acto administrativo de hace nueve años de un gobierno con la supuesta comisión de delitos que son materia de investigación. Cuando uno no encuentra una razón seria y valedera para una imputación, se ingresa al terreno de lo absurdo e ilegal. Si nos ajustamos a las suposiciones, tenemos que decir que esta imputación contra el ex gobernador Eduardo Fellner está motivada por razones políticas. Y esto, a todas luces, está mal”, fue la reflexión que entregó el diputado justicialista y reconocido abogado penalista de nuestra provincia, Alberto Matuk, tras la medida llevada adelante por el fiscal Gustavo Araya.
Días pasados diputados de la bancada peronista se reunieron para analizar la situación judicial y expresar su solidaridad y respaldo al ex mandatario jujeño, quien hasta bien entrada la tarde del jueves último no había sido notificado aún por la Justicia sobre su imputación, que llamativamente ya era conocida de antemano por algunos medios de comunicación de la provincia. “Parece una metodología de la Justicia Penal de Jujuy que la prensa se entere primero y después, allá lejos, lo hagan los imputados”, aseveró indignado el legislador indicando esto como una primera anormalidad.
“Esto no solo sucede con noticias relacionadas con algunas imputaciones penales, sino que se da con aquellos trámites de rigor diarios donde se dicta una libertad o un allanamiento. Cuando esto pasa, los primeros en enterarse son dos o tres medios de comunicación que tienen bien aceitada su relación con la Justicia, y luego, tardíamente, son notificados los imputados. Yo sostengo que esto constituye una violación del secreto, porque esta información sale de las fiscalías o de los juzgados y en materia penal el sumario es secreto para los extraños”, agregó.
Como segunda anormalidad, Matuk dijo que “se está buscando una condena social, porque no hay manera, más allá que con el paso del tiempo la defensa acredite la inocencia de su defendidos, de limpiar la imagen y el buen nombre y honor de una persona. Por todas estas razones, entendemos que esto es inconducente, una desprolijidad inmensa y un ataque a la clase política”.
“Esto es también un ataque a una persona que, a mi criterio y al de muchos, ha sido una gran gobernador, un hombre que ha trabajado a destajo por Jujuy y que ha puesto su empeño, sus ganas y su responsabilidad al servicio de la provincia”, sostuvo, a la vez de señalar que el bloque al que pertenece considera que toda causa procesal debe ajustarse a las garantías constitucionales del debido proceso, “pero esto no está ocurriendo a partir de todas estas cosas que están pasando”.
“Creemos que esta es una cuestión de orden política a la que nos oponemos. No hay que utilizar la justicia para hacer política y este es un grave error”, aseveró al tiempo de manifestar que el bloque justicialista va a responder a estas cuestiones políticas con un posicionamiento político claro.
Por último, insistió que no se puede relacionar un acto administrativo realizado por un gobierno a casi diez años de concretado el mismo con un supuesto hecho delictivo. “No hay una razón valedera para esta imputación, por eso aseguramos que estamos frente a un absurdo judicial”, enfatizó.
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