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SUSCRIBITEColumna de opinión y análisis de la semana que pasó y lo que viene por Alberto Siufi.
Alberto Siufi.
Después de mucho tiempo, el presidente Javier Milei tuvo la mejor semana desde que inició su gestión. Tras una sesión maratónica en el Senado, logró la sanción de sus primeras leyes, con números por demás ajustados y con una Victoria Villaruel siendo la protagonista de aportar votos decisivos para la aprobación de la Ley Bases y el Pacto Fiscal.
Si bien son muchas las reformas que se le introdujeron a los textos originales - y algunas le generarán más de un dolor de cabeza al Ejecutivo nacional –, nadie puede soslayar el valor que tuvo la aprobación de la Ley Bases para la administración libertaria.
La no aprobación del paquete legislativo hubiera ocasionado un daño tremendo en términos políticos. La imagen de ingobernabilidad de la República Argentina se habría proyectado al exterior del país, detonando la llegada de posibles inversiones y complicando el nivel de confianza que hoy tiene, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional.
Amén de esto, el camino no fue fácil. Sectores de la oposición, conscientes del golpe que habría significado la no aprobación de las leyes, jugaron todas sus fichas tanto dentro como fuera del recinto del Senado para que las normativas no salieran.
En el exterior, sindicalistas, organizaciones sociales, manifestantes y hasta legisladores expresaron con vehemencia su disconformidad en las afueras del Congreso y protagonizaron violentos cruces con las fuerzas de seguridad.
Por suerte, la situación que, en algunos momentos nos hizo recordar la lluvia de piedras que se sucedió durante la deslucida presidencia de Mauricio Macri, no pasó al descontrol total gracias a la firmeza de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien conto -en todo momento- con el apoyo político del Presidente.
En el adentro, o sea, en el recinto del Senado, el bloque de Unión por la Patria, como ya es de manual, intentó levantar la sesión y salir a la calle para sumar más desconcierto. Cuestión que no próspero gracias la firmeza de la titular del Senado, Victorial Villaruel, luego de un fuerte entredicho con el senador Wado De Pedro.
Y ya que estamos hablando de los senadores de Unión por la Patria, quiero señalar algunas cuestiones. El mencionado bloque tiene 33 senadores y ningún proyecto presentado en seis meses. Es más, llegó a la sesión de la Ley Bases y el Pacto Fiscal sin tener absolutamente claro qué hacer.
Lo único que esperaba el bloque de Unión Por La Patria era poder frustrar la sesión. Y lo dijeron con total claridad: si no podemos frustrarla, vamos a acompañar el proyecto que presentó de manera individual el radical Martín Lousteau.
Por esto, es que podemos decir que los principales derrotados en este tema fueron Cristina Fernández de Kirchner y el bloque de Unión por la Patria, ya que quedó más que claro que lo único que les interesaba hacer era romper la sesión y llevar al fracaso todo.
Además de lo legislativo, en lo económico también estuvo de parabienes el Gobierno nacional durante la semana que pasó. El Banco Central anunció la renovación del swap con China por 5.000 millones de dólares hasta 2026, con lo cual los dos vencimientos que se avecinaban por 35.000 millones de yuanes podrán ser cancelados más adelante y no implicarán una disminución de las reservas monetarias del país.
Asimismo, el Fondo Monetario Internacional comunicó el desembolso de 800 millones de dólares para la Argentina, lo cual permitirá hacer frente a la deuda que se tiene con el mencionado organismo internacional.
En el plano local, las buenas noticias también se hicieron presentes. El Indec informó que la inflación correspondiente al mes de mayo alcanzó el 4,2%, ocasionando una gran satisfacción en el Gobierno nacional, ya que esperaban tener un número por arriba del 4,5%.
Finalmente, también fue positiva la colocación de 5.400.000 millones de pesos de deuda, a una tasa del 4.25%, a 90 días de plazo, que logró el ministro de Economía, Luis Caputo.
Esta medida, que convalidó una tasa mayor, abrió un nuevo camino para que las mismas dejen de perder contra la inflación.
A partir de esto, el Gobierno nacional tendrá el desafió de mantener tasas un poco más altas para que la gente vuelva a invertir en estos valores y se dejen de usar para bajar la inflación.
La aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones dentro del marco de la Ley Bases generó un debate muy fuerte en Jujuy por la actuación de la senadora Carolina Moisés.
El voto positivo de la representante jujeña para el capítulo del RIGI - y negativo para todos los demás capítulos de la ley en general - generó un malestar muy grande en el PJ provincial y en las huestes de Unión Por La Patria.
A nivel nacional, Moisés fue duramente fustigada por el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien tuvo expresiones totalmente destempladas al señalar que acompañó la aprobación del RIGI por 4 pesos con 50. En tanto que, a nivel local, las expresiones más fuertes contra la Senadora provinieron de la diputada nacional Leila Chaher, de agrupaciones poco conocidas como Convergencia - que aprovechó la ocasión para instalarse- y del bloque de diputados provinciales del PJ en la Legislatura, comandado por Rubén Rivarola. Este último, mediante un comunicado, rechazó el comportamiento de la sampedreña y pidió la renuncia de su banca.
Por su parte, la senadora Carolina Moisés acusó recibo de las críticas y salió a explicar por todos los medios el motivo por el cual votó a favor del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones.
En sendas oportunidades, la senadora dijo que estaba para defender los intereses de la provincia y entendía que el RIGI era necesario para el desarrollo de la economía provincial.
Acá cabe un capítulo aparte. El ataque al RIGI por parte de los sectores de Unión por la Patria en nombre de la defensa de la soberanía nacional vuelve a poner sobre el tapete esta suerte de épica que ya se utilizó en otras oportunidades, donde se quiere instalar la defensa de un interés superior y el impulso de una supuesta lucha para proteger al país.
Ante esto, uno se pregunta: ¿En qué perjudica a la Soberanía nacional la aprobación de una norma que tiende a traer inversiones? ¿Qué es lo que realmente se está defendiendo? ¿Se está defendiendo el 55% de pobres que tenemos en el país o el 17% de indigentes que hay en la actualidad? ¿Se está defendiendo el 50% de trabajo en negro que tenemos porque no se crea trabajo privado desde hace mucho tiempo? La verdad que el RIGI sirve para traer grandes inversiones que el país las necesita. No se va a desarrollar ni el gas, ni el petróleo, ni la minería, si no se tiene una herramienta de éstas.
El capital va donde tiene razones de conveniencia. Si no se genera un ambiente óptimo para que vengan, las inversiones no van a venir y la Argentina terminará cómo está ahora: sin generar fuentes de trabajo que permitan darles sustento a miles de argentinos y que a su vez fortalezcan con ingresos las cajas previsionales.
Sinceramente, después de aclarar esto, no se termina de entender el motivo por el cual Unión por la Patria, los partidos de Izquierda y el presidente de la Unión Cívica Radical se oponen a este tipo de iniciativas.
Durante la semana que pasó, la sostenibilidad del BEGU y del BEGUP fueron objeto de debate en distintas mesas de gestión en el ámbito provincial y municipal.
La falta de subsidios nacionales y la poca predisposición del Gobierno Libertario a distribuir recursos de manera federal, llevaron a que desde el Municipio de San Salvador se planteé la imposibilidad de seguir manteniendo el beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito Universal para miles de estudiantes capitalinos (Hoy el BEGU favorece a 65.000 beneficiarios de los cuatro niveles educativos).
A principios de año, el Municipio capitalino tan sólo debía aportar 80 millones de pesos por mes para mantener el beneficio. Ahora, con la falta de subsidios y el aumento de los costos, la erogación municipal se elevó a 240 millones de pesos por mes, haciéndose imposible de sostener por el presupuesto capitalino.
En este marco, vale recordar que la comuna capitalina reconoce -más o menos- el 50% del costo de pasaje estudiantil, en tanto que el restante 50% es aportado por las empresas de transporte capitalinas.
En igual situación de complejidad se encuentra el BEGUP, el cual es administrado por el Gobierno provincial, favorece a 20.276 jujeños que viajan dentro de la provincia y que actualmente tiene un costo de 370 millones de pesos.
A esto hay que sumarle el abono docente, el cual implica una erogación provincial de 550 millones de pesos por mes y que beneficia actualmente a 18.700 jujeños.
Ante este panorama de números y de costos en ascenso, tanto el Gobierno provincial como el Municipio capitalino no saben todavía qué van a hacer con estos dos beneficios, los cuales son absolutamente progresistas, pero que hoy se hacen imposibles de sostener en un 100%.
Hasta el momento no hay una definición política por parte del intendente Raúl Jorge y del gobernador Carlos Sadir acerca del futuro de los beneficios. Por lo pronto, ambos mandatarios trabajan en alternativas que impidan que los bolsillos de los jujeños se vean afectados.
¡Feliz semana para todos!
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