El Senado de la Nación aprobó la Ley Lucio que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, y Jujuy buscará adherirse a la norma con el proyecto en la Legislatura.
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SUSCRIBITE El "Frente Cambia Jujuy", emitió un comunicado
El Senado de la Nación aprobó la Ley Lucio que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, y Jujuy buscará adherirse a la norma con el proyecto en la Legislatura.
La ministra de Desarrollo Humano Alejandra Martínez, anticipó que enviarán a la Legislatura el proyecto de adhesión. “Observamos con agrado que se haya sancionado esta ley en todo el país”, dijo la funcionaria. “Es importante detectar situaciones de violencia para alertar a las autoridades y evitar hechos lamentables”, subrayó Martínez.
Con el apoyo de todos los bloques, fue aprobada la normativa impulsada tras el caso de Lucio Dupuy. Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Tambien procura promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.
La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).
Establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales. Además plantea la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA, y la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando "la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad".
El Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial, se encargará de elaborar un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.
El objetivo del protocolo es unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la Justicia.
El niño fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con la madre y su pareja. La Justicia estableció que las dos participaron de la golpiza mortal, entre las 18 y las 19 del 26 de noviembre y que el niño recibió golpes de puño, patadas y golpes con un palo.
También recibió un pisotón en la espalda por parte de Abigail Páez (se pudo determinar por la impronta que dejó su zapatilla), que le provocó lesiones internas como el desgarro del hígado y, además, fue mordido en sus zonas íntimas y en su brazo izquierdo.
El 2 de febrero, Espósito Valenti, la madre del pequeño, fue declarada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.
Abigail Páez fue declarada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento; en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado.
El Tribunal de Audiencia, en la sentencia de 126 fojas, estableció que el niño fue víctima, recurrente, de violencia física, psicológica y sexual y determinó que se pudo advertir un "crescendo de violencia", a la luz de los chats entre ambas imputadas, ventilados durante el juicio, a partir de mediados del mes de octubre de 2021.
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