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SUSCRIBITE La presentación apunta al intercambio de correos electrónicos entre el apoderado del gobernador, Federico Wagner y los demás denunciados a los fines de coordinar una presentación para justificar la prisión preventiva de Sala ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prevista para el mes de mayo.
La presentación, realizada esta mañana por la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, recayó en la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Carlos Rivolo, y en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, a cargo de Julián Ercolini. Milagro pidió ser considerada querellante en la causa y solicitó la indagatoria de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, Clara De Langhe de Falcone; el fiscal de Estado de la Provincia de Jujuy, Mariano Miranda; el representante Especial para los Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Leandro Despouy; el gobernador Gerardo Morales y su apoderado, Federico Wagner.
La denuncia se basa en los correos electrónicos publicados por el periodista Horacio Verbitsky en el diario Página 12 el 15 de enero bajo el título: “¿División del poqué?”.
El lunes 9 de enero de 2017 Wagner envió una serie de correos al fiscal de Estado y a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que luego reenvió a Leandro Despouy. En esos correos Wagner relata que, de acuerdo a lo que le comentó Despouy, “se ha avanzado en el tema de la planificación con la Comisión Interamericana para coordinar una reunión en nuestro país, a fines del próximo mes de mayo”. “Sería muy importante trabajar en una presentación de las Víctimas de las arbitrarias que ha cometido Milagro Sala”, agregó Wagner.
“El objetivo de dicha operatoria, de acuerdo a las palabras del apoderado de Morales, sería que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite la Argentina, se le haga entrega de un documento en el que consten las agresiones sufridas por las supuestas víctimas de mi accionar”, sostuvo Sala en la denuncia.
Tal como fue denunciado públicamente, esta maniobra representa una planificación absolutamente ilegal y delictiva. Además, demuestra la falta de independencia del Poder Judicial provincial y la coordinación que existe entre el Estado Nacional y el gobernador Morales para sostener la detención arbitraria de Milagro.
Milagro está presa desde el 16 de enero de 2016, cuando fue detenida mientras llevaba adelante una protesta pacífica en busca de una instancia de diálogo con el nuevo gobierno de Morales. A Sala se la privó ilegalmente de su libertad sin respetar sus fueros como diputada del Parlasur.
En octubre de 2016 El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas sostuvo que “la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria" y exigió "al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato". A este reclamo también se sumaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos y Human Rights Watch, entre otros organismos internacionales.
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