Pasadas las 9 de la mañana la dirigente social Milagro Sala llegó al salón Vélez Sarsfield donde se realizará la lectura de la sentencia por la causa Pibes Villeros en la que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que defraudaba al Estado. Además, están imputados distintos dirigentes y ex funcionarios del gobierno de Eduardo Fellner.

“Que fácil es acusar a esta negra y llenarla de mentiras, se tiene que terminar este circo y hostigamiento. Nosotros tenemos una familia que mantener”, expresó ante los medios de prensa que se encontraban presentes.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 dará a conocer la sentencia, en su parte dispositiva, en la audiencia que estaba previsto comience a las 8.30 pero fue pospuesta para las 16 por la ausencia de uno de los acusados.

Las juezas Alejandra Tolaba, presidente de trámite, Carolina Pérez Rojas y Cecilia Sadir, comenzarán preguntando a los enjuiciados si tienen algo más para declarar. Luego de ello, pasarán a un cuarto intermedio para debatir sobre la resolución del juicio. Posteriormente el secretario del Tribunal, Salvador Gustavo Ortiz, dará lectura a la parte dispositiva de la sentencia.

En el juicio declararon más de cien personas, entre testigos, peritos, actuales y ex funcionarios provinciales y municipales. Luego llegó el turno de los alegatos y las réplicas por parte del Ministerio Público de la Acusación; de los querellantes, Joaquín Millón Quintana, titular de la Oficina Anticorrupción; del Fiscal de Estado, Mariano Miranda, y de los abogados defensores de los treinta imputados.

Según se desprende de la investigación, Milagro Sala habría dirigido, organizado y ordenado el accionar colectivo de un grupo de personas pertenecientes a la Tupac Amaru, mediante el despliegue de medios intimidatorios, para defraudar de forma sistemática a la administración pública provincial.

Según la fiscalía, el dinero faltante era para construir viviendas desde cooperativas reunidas en la organización Tupac Amaru y en la Red de Organizaciones Sociales, para San Pedro de Jujuy, Pálpala y San Salvador de Jujuy. La modalidad para cobrar el dinero consistió en convocar integrantes de la organización Tupac Amaru, que fungían como presidentes de dichas cooperativas, y trasladarlos a diferentes entidades bancarias para que percibieran cheques, que eran emitidos por montos de hasta cincuenta mil pesos, a los fines de que no hubiese necesidad de solicitar autorización, ni que debieran tributar impuestos por la operatoria.

Según el trabajo de la fiscalía en la cual basamentó el pedido de 22 años de prisión para Milagro Sala, tras esos movimientos se depositaba el dinero en efectivo en bolsos, para ser trasladados por personas del círculo de confianza de Milagro Sala, en vehículos, a su domicilio particular o a la sede de la Organización Social Tupac Amaru.

Luego y para evitar ese traslado de dinero físico, se abrió una cuenta especial a nombre de la Cooperativa “Pibes Villeros Ltda”. Allí se depositaban los cheques de los planes de construcción y mejoramiento habitacional que sean adjudicados a cualquier cooperativa concentrada en la Tupac Amaru y en la Red de Organizaciones Sociales.

Según el trabajo de investigación presentado, una vez cobrado el dinero se colocaba el efectivo en bolsos y nuevamente se repetía el destino: el domicilio particular de Milagro Sala y Pedro Noro, o la sede central de la Organización Tupac Amaru.

Con estos fundamentos la Fiscalía, con Delia Filomena Ortiz, Diego Cussel y Liliana Fernández de Montiel a la cabeza, solicitaron al Tribunal 22 años de pena para Milagro Sala, más la inhabilitación absoluta como autora del delito de Asociación Ilícita en su carácter de jefa de la misma; coautora de Fraude a la Administración Pública y coautora de Extorsión en concurso real. Para María Graciela López pidieron 16 años de prisión, e inhabilitaciones similares a Sala, algo parecido para Javier Osvaldo Nieva, María Sandra Condorí (15 años); Adriana Noemí Condorí (14 años); Marcia Ivone Sagardía (13 años); Mirta Rosa Guerrero (13 años) y Patricia Margarita Cabana (10 años).

Para Iván Dante Altamirano, Miguel Ángel Sivila, Mirta Beatriz Aizama y Gladis Noemí Díaz, se pidieron 10 años de cárcel, mientras para Mabel Balconte se solicitaron 9 años de prisión, y como al resto, inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita en su carácter de integrante de la misma y Fraude en contra de la Administración Pública. En el caso de José Lucio Abregú y Pablo Tolosa Perea, la fiscalía pidió 8 años de prisión más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de Fraude en contra de la Administración Pública.

Héctor Gustavo Martínez y Emilio Javier Bustos pueden recibir 7 años de prisión, más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de Falsedad ideológica y partícipe necesario de Fraude en contra de la Administración Pública en concurso real. En el caso de Pedro Raúl Noro solicitaron 5 años de prisión más inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita, en su carácter de integrante de la misma, y 4 años para José Augusto Choque, más la inhabilitación absoluta por el delito de Encubrimiento Agravado.

También se pidió dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de Fraude a la Administración Pública para Olga Inés Tufiño, Marcos Fernando Almasana, Alberto Esteban Cardozo, Juan Manuel Nieva, Héctor Damián Lacsi, Eduardo Sergio Zequeiros, Carlos Diego Ariel Cruz, Joaquín Enrique Salas, Marcelo Alejandro Almasana y Juan Manuel Aguilera.

La Fiscalía y la querella solicitaron la absolución, por haber actuado con error de tipo objetivo, para Raúl Ezequiel Aguilera, quien llego a juicio acusado por el delito de Fraude en contra de la Administración Pública. Por último la Oficina Anticorrupción no sostuvo la acusación contra Pedro Raúl Noro y José Augusto Choque.

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