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SUSCRIBITE Milagro Sala cumple prisión domiciliaria en su casa de Cuyaya.
Este mediodía la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó firme la sentencia a Milagro Sala por la causa Pibes Villeros, por lo que tendrá que cumplir la pena de 13 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.
Esta causa investiga el desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas por 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas.
Ante la resolución de la CSJN, la fiscalía de Estado de la provincia solicitó que Sala sea trasladada a una cárcel común para cumplir con la pena, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra con prisión domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy.
“Ya está hecho el pedido, ingresó a las 13:40 de hoy”, dijo a TodoJujuy.com el fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, quien destacó que se espera la resolución del juez de ejecución de pena. “Entendemos que es un pedido procedente y debería ser trasladada cuanto antes al Servicio Penitenciario, antes del fin de semana debe estar allí”, agregó.
Además, explicó que “no hay impedimento sanitario para que Sala esté presa en cárcel común, eso es lo que quería corroborar el fallo de la Corte”.
Durante la prisión preventiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo que disponía su traslado para cumplir con prisión domiciliaria, por lo que la Justicia tuvo que dar lugar para cumplir con los tratados internacionales del país.
“La CIDH valoraba que era un fallo provisional, eso ya no existe porque es una condena firme, por lo que tendía que ser trasladada”, finalizó Rivas.
El 15 de enero de 2019 se conocía que Milagro Sala era condenada a 13 años de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por ser considerada culpable de una asociación ilícita que se quedó con fondos públicos destinados a construir viviendas sociales.
En esa oportunidad, el Tribunal la encontró culpable de los delitos de asociación ilícita, coautora de fraude a la administración pública y extorsión en concurso real.
Junto a la dirigente, había otras 29 personas imputadas. 14 fueron absueltas por el beneficio de la duda y se condenó a Raúl Noro (3 años), Mabel Balconte (8 años), Marcia Sagardía (8 años), Lucio Abregú (3 años) y Pablo Tolosa (2 años).
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