La Cámara Federal le ordenó al juez Casanello indagar a Cristina Kirchner

La Sala II estimó que debe realizarse la indagatoria por la vinculación realizada judicialmente entre los expedientes donde se investiga a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner. Se trata de la causa por el direccionamiento de la obra pública, donde la ex Presidenta fue procesada como jefa de la asociación ilícita que favoreció con 52 contratos viales por $ 46.000 millones al Grupo Báez. Esto fue considerado el delito precedente de las operaciones de lavado de activos.

Según indicó la Sala en su resolución, una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio de la familia Kirchner a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (Hotesur SA) y los contratos de locación celebrados con Los Sauces SA (inmobiliaria de la ex Presidenta). La sumatoria en ambos expedientes donde se investigó el lavado de dinero, arroja ingresos a favor de la ex familiar presidencial por más de $ 50 millones entre 2009 a 2015.

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El juez Irurzun señaló que "en todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos- hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández" y agregó que "ello se explica por la relación de “prestanombre” del primero con la segunda, porque dado el grado de exposición de quien entonces detentaba la primera magistratura del país el dinero o los bienes no podían quedar registrados a su nombre".

Las maniobras "habría determinado que el enorme patrimonio de Lázaro Báez resultara muy superior al que proporcionalmente le correspondió a Cristina Fernández y su familia a través de los mencionados contratos de locación", dijo Irurzun, en relación al alquiler de los hoteles de la familia Kirchner que fueron administrados por el empresario K mientras percibía 52 contratos viales por $ 46.000 millones.

El camarista Mariano Llorens consideró que se está ante una "gravísima imputación que encerraría la captación de fondos públicos a través de licitaciones amañadas, armadas para que el imputado Lázaro Báez obtuviera fondos del Estado Nacional destinados a obras públicas de imperioso caudal económico en la Provincia de Santa Cruz".

Llorens debe analizarse que esos fondos, "que aparecerían ficticiamente como de su propiedad, regresaran a quienes serían sus verdaderos propietarios (Néstor Kirchner y Cristina Fernández) a través de circuitos con apariencia lícita como ser la locación de complejos hoteleros o la expatriación de divisas que luego reingresaban al país mediante instrumentos financieros, sin que puedan descartarse algunas otras modalidades de simulación y ocultamiento de esas enormes sumas de dinero".