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SUSCRIBITEEl recurso de per saltum presentado por el Gobierno nacional solicitaba intervenir de manera directa en la causa por la validez de la reforma laboral.
Corte Suprema de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum que había presentado el Gobierno nacional para que el máximo tribunal interviniera de forma directa en la causa que analiza la validez de la reforma laboral (Ley 27.802 de Modernización Laboral(, sin esperar el recorrido habitual por las instancias inferiores.
La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Según resolvió la Corte, en este caso no se verifican los requisitos que exige el Código Procesal Civil para habilitar este tipo de recurso excepcional.
El per saltum permite, en situaciones puntuales, saltear instancias judiciales intermedias cuando un expediente tramita bajo competencia federal y existe una situación de notoria gravedad institucional. Sin embargo, para la Corte, esas condiciones no quedaron acreditadas en este caso.
De esa manera, el tribunal rechazó el intento del Gobierno de obtener una definición directa y anticipada sobre el conflicto judicial en torno a la reforma laboral.
La Procuración del Tesoro había presentado el recurso el pasado 16 de abril, luego de que un juez de primera instancia declarara la inconstitucionalidad de una parte importante de la ley de modernización laboral.
En su presentación, los abogados del Estado solicitaron que la Corte revisara el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el 30 de marzo había suspendido la aplicación de 83 artículos de la norma.
Además, el Gobierno pidió que se suspendieran los efectos de esa sentencia cautelar hasta que hubiera una resolución definitiva y cuestionó tanto la competencia del juez como la existencia de legitimación activa colectiva en el caso.
De todos modos, fuentes judiciales remarcaron que el planteo del Gobierno resulta “inoficioso” en esta etapa del proceso, ya que la reforma laboral actualmente está vigente.
Esto se debe a que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la decisión del juez de primera instancia y restituyó la plena vigencia de la ley, dejando sin efecto aquella suspensión cautelar que había beneficiado al planteo de la CGT.
La central obrera había impulsado la acción judicial al sostener que varios artículos de la reforma modificaban el régimen laboral vigente y vulneraban derechos y garantías constitucionales, entre ellos la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.
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