La industria del juicio

A priori de esta realidad, en el país tan sólo tenemos 6.200.000 empleados registrados.Una cifra prácticamente equivalente a la que teníamos en el año 2012, o sea, hace 13 años atrás, y que tiene como principales afectados a los 7.280.000 entre jubilados y pensionados que hoy integran el sistema previsional.

En un palabra, tenemos desde hace años la misma cantidad de aportantes en el empleo formal, los cuales tiene que soportar a los casi 2.400.000 jubilados y pensionados que se han sumado en el último tiempo.

En Jujuy, en base a un trabajo realizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, podemos decir que nos encontramos con una situación muy similar a la que se vive a nivel nacional por el tema del empleo y la relación con los jubilados.

En enero del 2015, teníamos 74.372 personas trabajando en el mercado formal, y en enero del 2025, 75.368. Prácticamente la misma cifra: apenas 1.000 personas más en el empleo formal en un período de diez años.

En lo que respecta a las empresas, hay un crecimiento un poquito más sostenido, cercano al 14%, ya que en enero del 2015 teníamos 5.817 empleadores, y en enero del 2025 tenemos, 6.610 empleadores. Es decir, hay un poco más de empleadores, pero prácticamente la misma cantidad de personas trabajando.

Los motivos de esta situación laboral son muchos. La presión impositiva es, sin lugar a dudas, uno de ellos, y otro muy importante es la tan mentada “industria del juicio”, punto sobre el cual vamos a explayarnos un poquito más en este artículo.

Y la nombramos como “industria del juicio” porque así está reconocida por todos, ya que hay una suerte de estructura perfectamente armada para tener un altísimo grado de litigiosidad. Litigiosidad que, de alguna manera, es avalada por la Justicia argentina, dado que se dictan fallos que no tienen ningún tipo de asidero con la realidad que se vive en el país.

En el caso de los juicios laborales, se terminan convalidando cálculos de indemnizaciones absolutamente desproporcionados y ajenos a la realidad económica que enfrentan las pequeñas y medianas empresas del país.

Además, se refrendan intereses sobre intereses - en algo conocido como anatocismo- que genera una bola de nieve que es imposible de pagar para la pymes, llevándolas -en muchos casos- a la quiebra por las millonarias indemnizaciones que deben pagar.

Lamentablemente, está situación se ha transformado en una constante en los últimos tiempos y la verdad que preocupa y mucho.

Juicios por accidentes de trabajo

Dentro de este marco, si nos referimos a lo que es el mercado de los juicios por accidentes de trabajo, la situación parece ser inclusive peor.

En Argentina, durante el mes de junio se iniciaron 10.947 juicios nuevos, llevando a que la cifra en el primer semestre del año alcance los 61.996 litigios.

Esta realidad era algo absolutamente impensado tras la sanción, en el año 2017, de la Ley 27.348 sobre accidentes y riesgos del trabajo, la cual buscaba normalizar este tipo de situaciones y descomprimir el fuerte crecimiento de los juicios contra las empresas.

No obstante de esto, la normativa no cumplió el objetivo que se esperaba y hoy padecemos el flagelo de una innumerable cantidad de litigios que azotan a nuestras pymes.

Uno de los motivos por los cuales se especifica que la mencionada ley no pudo tener efecto fue la falta de concreción respecto a lo que se denominaba "comisiones de los cuerpos médicos forenses". Estas nunca llegaron a conformarse, lo que dejó sin efecto las quitas que se preveía se aplicarían en el sistema de cálculo de indemnizaciones y valores.

Los mencionados cuerpos médicos forenses deberían estar integrados por médicos ajenos al proceso y al litigio, lo cual no ocurre en la actualidad, ya que las determinaciones son realizadas por peritos que tienen intereses concretos en el monto del juicio, dado que sus honorarios se fijan en función del fallo que finalmente se dicte.

Al día de hoy, Salta cuenta con cuerpos médicos forenses -los cuales ya se encontraban en funcionamiento antes de la sanción de la ley-, mientras que Mendoza y Santa Fe recién han dispuesto su creación.

Jujuy con alto nivel de litigiosidad

Siguiendo la línea de lo que venimos hablando, podemos establecer una comparación sobre la situación de los juicios por accidentes de trabajo en Jujuy con respecto a Salta, a partir de los datos aportados por la Unión de Aseguradoras del Riesgo de Trabajo.

En nuestra provincia, el índice de incidencia es de 46,20, mientras que en Salta llega al 52,80. Sin embargo, el índice de litigiosidad en Jujuy es 114,40 y el de Salta 3, o sea, 38 veces más.

Jujuy tiene menos incidentes, pero sin embargo llegan a juicio 38 veces más casos que en la provincia de Salta.

En lo que va del año, en un solo mes se registraron 835 juicios en la provincia, mientras que en Salta tan solo 79. Esta situación resulta difícil de comprender, ya que Salta es una provincia económicamente mucho más grande y con una población considerablemente mayor, y aun así registra una cantidad ínfima de juicios en comparación con Jujuy.

En Jujuy, entre el año 2007 y el año 2024, los siniestros disminuyeron un 12,5% , lo que indica que las medidas de prevención fueron efectivas, ya que la cantidad de accidentes mostró una caída. En cambio, la cantidad de juicios aumentó un 1488% en el mismo período. Esto habla a las claras de la existencia de una verdadera industria para generación de juicios en la provincia.

Para el empresariado, este panorama representa un incremento oneroso en sus costos. Hoy, según los datos disponibles, los juicios le cuestan en promedio un 2,77% de la masa salarial, lo que lo coloca, en comparación con Salta, en una situación claramente poco competitiva. Esto se debe a que la tarifa que cobran las aseguradoras a los empresarios está determinada por la cantidad de siniestros. Por lo tanto, en Jujuy, una aseguradora debe cobrarle mucho más a un empresario local que a uno de Salta.

Luz al final del camino

Una posible solución para este problema viene por el lado de que las provincias adhieran a la normativa nacional sancionada en 2017 y lleven adelante su correspondiente reglamentación.

En el caso de Jujuy, la adhesión se concreto por ley provincial. Lo único que resta es que se suscriba un convenio con Nación para que pueda aplicarse la normativa en la provincia, algo que se ya se intentó, pero que hasta el momento nunca se concretó.

Salta ya tiene todo esto realizado y por eso tiene una situación competitiva empresarial mucho más favorable que la del empresariado jujeño.

Realidad complicada

Para finalizar, solo me resta decir que toda esta situación ha llevado a que muchas pymes argentinas se vean fuertemente afectadas por la cantidad de juicios laborales y accidentes de trabajo a los que están expuestas, lo que en muchos casos las obliga a cerrar sus puertas y a despedir personal.

Por otro lado, también hay que decir que este panorama se ha convertido en un impedimento para la incorporación de nuevos empleados, ya que cualquier pyme, ante la posibilidad de contratar personal, suele razonar si no estará adquiriendo un futuro litigio que la ponga en riesgo.

Además de esto, no es menor la afectación que están sufriendo las aseguradoras en este contexto.

La cantidad de litigios existentes pone en riego su continuidad, dado que deben responder por numerosos juicios iniciados contras las empresas, lo cual complica seriamente la viabilidad de ofrecer la cobertura necesaria.

En fin, una situación complicada para nuestras pequeñas empresas que, conforme pasan los años, siguen siendo víctimas de la “industria del juicio”.

Alberto Siufi.