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SUSCRIBITELa medida llegó tras denunciar demoras y omisiones en la entrega de balances, movimientos financieros y datos sobre una estructura educativa no registrada.
Sede de la AFA.
El conflicto entre el Gobierno nacional y la AFA escaló en las últimas horas luego de que la Inspección General de Justicia pidiera formalmente la designación de veedores para supervisar la documentación contable y administrativa de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. La decisión se apoya en presuntas inconsistencias detectadas durante una investigación que abarca varios ejercicios económicos.
Desde la IGJ, organismo encabezado por Daniel Roque Vítolo, sostuvieron que la AFA no entregó en tiempo y forma la información requerida, pese a los plazos legales otorgados. El pedido de veeduría busca obtener balances detallados, flujos de fondos y el detalle de operaciones con entidades del exterior que, según la investigación, no estarían suficientemente explicadas en la contabilidad oficial.
El reclamo fue respaldado por el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, que afirmó que la AFA no presentó la documentación completa y que los veedores tendrán como función principal verificar la información faltante. Entre los puntos observados figuran balances globales sin desagregar, partidas relevantes sin detalle y movimientos financieros con organismos internacionales.
Otra de las irregularidades mencionadas fue el intento de trasladar la sede social a un predio en la Provincia de Buenos Aires que, según la inspección, no funciona como domicilio administrativo real. La investigación constató que la AFA continúa operando en la sede de Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires, lo que motivó cuestionamientos formales por la declaración de un domicilio que no se correspondería con la realidad.
Además, la IGJ remarcó la falta de información sobre la llamada “Universidad de la AFA”, una estructura que no figura registrada oficialmente. Para el organismo de control, la ausencia de datos sobre su funcionamiento, financiamiento y marco legal refuerza la necesidad de un control externo sobre la entidad madre del fútbol argentino.
La conducción de la AFA, encabezada por Claudio 'Chiqui' Tapia, respondió con un duro comunicado en el que cuestionó la actuación de la IGJ, a la que acusó de irregularidades y falta de imparcialidad. Desde la entidad rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad de su gestión administrativa.
Pese al descargo, desde el organismo de control señalaron que la investigación continúa sobre los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024 y que la designación de veedores apunta a constatar si existieron violaciones a la ley, al estatuto o a los reglamentos internos de la AFA. El proceso podría derivar en nuevas medidas si se detectan faltas graves en la documentación revisada.
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