Bolivia finalmente aceptó la investigación internacional imparcial que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de violencia y graves delitos de represión cometidos en ese país desde octubre pasado.

La información fue confirmada por la entidad de la OEA. El Gobierno que encabeza Jeanine Áñez está "plenamente de acuerdo" con investigar "los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre octubre y diciembre de 2019", indicaron.

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Recordemos que la CHID había planteado 16 recomendaciones a las autoridades bolivianas para superar la crisis política y social desatada tras las elecciones del 20 de octubre, luego de la visita que la secretaría ejecutiva del organismo había realizado en noviembre pasado.

La recorrida fue para observar y analizar las consecuencias del fallido proceso electoral, en el que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectó irregularidades que derivaron en la renuncia Evo Morales como presidente boliviano a raíz de presiones de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Recordemos que Evo Morales está actualmente asilado en México y había denunciado que fue víctima de un golpe de estado alentado por la oposición con el apoyo de los militares y las fuerzas de seguridad.

Según argumentaron desde la Comisión internacional la visita les permitió recabar denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas, detenciones arbitrarias, discriminación racial y limitación de libertades y derechos básicos.

El organismo de la OEA observó con "extrema preocupación las graves violaciones de derechos humanos" registradas. La comitiva "tuvo noticia de que 36 personas perdieron la vida" entre el estallido de la crisis a finales de octubre y el 26 de noviembre, según el informe de la CIDH.

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También se remarcó que de forma especial las "masacres" cometidas en las localidades bolivianas de Sacaba y Senkata que causaron la muerte de "por los menos 18 personas". La comisión estima que los heridos "claramente superan las 800 personas" y será "mucho más alto" una vez se analicen los casos de las últimas semanas.

La CIDH pidió garantizar el derecho de manifestación pacífica, desmantelar los grupos armados, reforzar la Defensoría del Pueblo o "sistematizar" la información sobre las víctimas, para las que reclamó también "un plan de atención inmediata y reparación integral".

Tambien instó al inicio de "un proceso nacional de diálogo y reconciliación", teniendo en cuenta que "la transición hacia la paz debe darse por las vías constitucionalmente previstas", y aseguraron que "tomaron nota" de la convocatoria de próximas elecciones, un "factor de distensión positivo" al que solo resta ponerle fecha.

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