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El fiscal del distrito de Beni, Alejandro Cruz, dio a conocer que se iniciaron las investigaciones sobre los indígenas que se oponen a la consulta, pero que todavía no se determinó una figura penal para iniciar los procesos.
“De momento, se está investigando, hay una comisión de fiscales encargados, pero todavía no se ha identificado quienes incurrieron en acciones violatorias de la norma y tampoco se ha adecuado un tipo penal para iniciar un proceso; pero, si hubieran actos que se adecuen a un tipo penal, se va a imputar”.
La consulta previa que busca definir si se considera o no intangible el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y determinar la construcción de la carretera, se inició el 29 de junio en dos comunidades; actividad que provocó que se establezcan puntos de resistencia a la consulta en el parque.Se busca penalizar la actitud de rechazo de los indígenas a la consulta, como señaló el martes el fiscal general Mario Uribe, quien dio la orden de procesar a todos cuantos rechacen la consulta.
EL PANORAMA.
El fiscal Cruz puntualizó que los procesos se iniciarán contra aquellas personas que hayan incurrido en conductas penales establecidas en el Código Penal.Por lo tanto, aclaró que las acciones que se lleven adelante en los próximos días están en el marco de lo legal, al considerar que se actúa en cumplimiento de lo que establece la Constitución Política del Estado, que reconoce la legalidad de la consulta.
JUICIO POLÍTICO
El presidente de la subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, por su parte, calificó de políticas las acciones que se emprenderán en contra de los indígenas que no están de acuerdo con la consulta y reiteró que la resistencia se hará dentro de los límites del parque.
“Es una posición política, porque no nos estamos oponiendo a la consulta porque estamos locos y menos porque no conocemos la ley. Por el contrario, vemos que, aquí, el Fiscal General del Estado no conoce la ley, ni siquiera la Constitución, que establece derechos de los indígenas en su artículo 30”.
Entretanto, diversas voces piden ampliar el plazo para la realización de este proceso.“De momento, estamos llamando a declarar a las personas que han tenido conocimiento de actos violentos en el TIPNIS, los que van contra las normas vigentes en Bolivia”.
“Aquellas autoridades que están en contra de la justicia, en contra de la Ley 222, que están en contra del fallo del Tribunal Constitucional, obviamente son sujetos a sanciones, por delitos del ámbito penal. No es posible que no quieran acatar el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, que establece que se debe cumplir y hacer cumplir las leyes en el país”, señaló el diputado oficialista Galo Bonifaz.
El legislador argumentó que llevar adelante la consulta es un derecho de los indígenas de tierras bajas y que nadie se puede oponer al mismo.
Fuente: La prensa.com.bo
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