Te dejamos las preguntas que muchos se hacen al conocer la realidad que se vive en España con relación Cataluña.
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No en términos estrictamente jurídicos, aunque la resolución aprobada hoy tiene enorme impacto político y fue celebrada por los independentistas como la proclamación de una nueva "república", en línea con lo estipulado por otra ley sancionada por el Parlamento catalán el mes pasado.
El "Parlament" aprobó una resolución propuesta por las fuerzas que apoyan al gobierno regional de Carles Puigdemont para iniciar un proceso que lleve a la constitución de un "Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social" en un plazo no fijado.
El texto recoge la declaración de independencia anunciada y dejada en suspenso el 10 de octubre por los nacionalistas, pero la incluye en una parte expositiva, el preámbulo, que no era sometida a votación.
Expertos coinciden por eso en que la resolución no equivale jurídicamente a una declaración unilateral de independencia, según la agencia de noticias DPA.
La resolución dispone la entrada en vigor de la "ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república" aprobada el mes pasado por el Parlamento catalán para regir la transición a una república independiente.
La ley de transitoriedad establece que la independencia debe ser declarada y no votada.
Por lo tanto, la lectura del preámbulo antes de la votación equivale, según esa ley, una declaración de independencia sin haber sido votada formalmente, jugando con la ambigüedad a la que ya han apelado los independentistas otras veces para tratar de minimizar las responsabilidades penales que puedan caberles.
El Boletín Oficial del Estado publica ya la aprobación de las medidas del #Articulo155 by Télam on Scribd
La votación cierra la puerta a una solución dialogada al conflicto. El gobierno de Mariano Rajoy se limitará a seguir adelante con la intervención de la autonomía de Cataluña, un paso inédito que acordó el sábado y que el Senado en Madrid aprobó hoy.
El paso del "Parlament" podría costar caro a Puigdemont. La Fiscalía General del Estado había avisado que, en caso de que se proclamara la independencia, presentaría una querella contra el líder catalán, su gobierno y la Mesa del "Parlament" por rebeldía, un delito castigado con hasta 30 años de prisión.
Reunido el Consejo de Ministros extraordinario para aprobar las medidas autorizadas por el @Senadoesp al amparo del artículo 155 #CMin pic.twitter.com/ZuUs53dUTc
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de octubre de 2017
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Ese riesgo podría explicar la fórmula ambigua encontrada para anunciar un "proceso constituyente" hacia la república en lugar de una declaración unilateral de independencia. Otra posible consecuencia de la declaración es la apertura de grietas internas en el independentismo.
El artículo 155 de la Constitución, nunca aplicado hasta ahora en 40 años de democracia en España, permite al Estado adoptar "las medidas necesarias" para forzar a una región a cumplir la ley.
El gobierno de Rajoy lo usará para destituir a Puigdemont y a su gobierno, y convocar elecciones autonómicas en un plazo de seis meses. También se espera que limite las competencias del "Parlament", intervenga las cuentas de la región, la Policía regional (Mossos d'Esquadra) y las oficinas de representación extranjera de Cataluña, entre otras medidas.
La intervención inédita del Estado central en una región tiene un alto costo de imagen -motivo por el que Rajoy intentó evitarla hasta último momento- y fue presentada por el independentismo en Cataluña como un agravio y una "humillación".
La aplicación del 155 promete así ser conflictiva y recibida con protestas en las calles y resistencia social y política, con el consecuente riesgo de incidentes y actuaciones policiales.
La Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido antisistema que apoya al gobierno de Puigdemont, llamó ya a una "lucha no violenta" y a la "desobediencia civil masiva". Diversos sectores convocaron también protestas y huelgas.
El "Govern" aseguró además que sus funcionarios se negarán a obedecer "órdenes de Madrid".
No a medio plazo. Sin tomar en cuenta la intervención de Madrid que desbaratará el plan secesionista, la "república catalana" requeriría reconocimiento internacional y que España retirara su presencia en la región (jueces, policía, Ejército, funcionarios, etc.): dos condiciones que hoy nadie se plantea. Incluso sin esos obstáculos, un nuevo país no puede crearse de la noche a la mañana.
La nueva república tendría que crear su propia moneda o imprimir pasaportes. Cataluña carece de Ejército y solo cuenta con una Policía autonómica. La reciente fuga de más de mil empresas de la región muestra también los retos económicos que tendría el nuevo país.
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