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SUSCRIBITE Hubo protestas en todo el país contra la reforma impulsada por Duque.
Colombia atraviesa una difícil crisis institucional luego de cuatro jornadas de intensas protestas en las calles, que dejaron como saldo unas seis personas muertas y centenares de denuncias de abuso policial en distintas ciudades, luego del anuncio de una reforma tributaria anunciada por el Gobierno nacional que presionaba sobre la clase media.
La crisis comenzó el pasado miércoles, cuando organizaciones sociales de trabajadores, indígenas y estudiantes llamaron a un paro nacional contra el proyecto del gobierno de Iván Duque. El paro superó las expectativas y así fue que el jueves y viernes siguiente las marchas en las principales ciudades del país. Las mismas se intensificaron durante el fin de semana.
Al ritmo de bombos y cacerolazos, sindicatos, estudiantes, indígenas, oposición y otras organizaciones de la sociedad civil marcharon en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla entre otras. "Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país", un Gobierno decida "hacer una reforma tributaria (que) termina empobreciendo más al pueblo", dijo un manifestante de Bogotá, que pidió no ser identificado, según la agencia de noticias AFP.
La policía y los distintos cuerpos de seguridad reprimieron con fuerza las manifestaciones a lo largo y a lo ancho del país. Según registran medios internacionales, hasta este mediodía se habían registrado al menos 17 muertos y más de 800 de heridos, aunque algunas organizaciones sociales reportan que el número es mucho más alto.
De acuerdo a la ONG Temblores, hubo por lo menos 21 homicidios y unos 940 casos registrados de violencia policial durante las movilizaciones.
Los manifestantes rechazan una reforma impositiva propuesta por el gobierno que busca recaudar cerca de 6.300 millones de dólares, equivalente a un 2% del PIB, para pagar principalmente los compromisos de deuda externa que tiene Colombia. Ayer por la noche, Duque salió a anunciar que haría algunos cambios en el proyecto, aunque desistió de retirarlo.
"La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales", manifestó el Gobierno durante un mensaje para tratar de calmar los ánimos.
“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera", agregó.
Entre los puntos más polémicos del proyecto original estaba que a partir de 2022 deberían declarar renta en Colombia quienes ganen más de un equivalente a 660 dólares mensuales. También planteó un aumento del 19% a la tarifa de los servicios públicos, agregando un impuesto a productos básicos de la canasta familiar. Esto generaría un costo de vida más alto en uno de los países más desiguales del continente, solo por detrás de Brasil.
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