Colombia cumple hoy una semana envuelta en una enorme crisis social y política, que derivó en multitudinarias manifestaciones civiles en las principales ciudades del país y tuvo como respuesta una feroz represión estatal que se cobró al menos 23 muertos, aunque podrían ser más de acuerdo a los informes de distintas ONGs.
En ese contexto, durante todo ese miércoles tendrá lugar una masiva marcha y paro en las principales ciudades, impulsada por estudiantes, trabajadores, indígenas y otros grupos de la sociedad civil que tomarán las calles en medio de una creciente tensión que no tiene fecha de fin por el momento.
El conflicto se había detonado por el intento del gobierno del conservador Iván Duque de presentar una reforma tributaria que aumentaría el IVA e impactaría principalmente en el precio de los alimentos, en un momento en que la pandemia derrumbó el PBI casi un 7% y dejó a 2,8 millones de personas en la pobreza, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia.
De manera similar a lo ocurrido en Chile durante 2019, las protestas en Colombia por el proyecto derivaron en una toma de calles para reclamar por situaciones más estructurales, en uno de los países que presenta la mayor desigualdad entre ricos y pobres del subcontinente más desigual del planeta.
Durante la jornada de ayer y anteayer, Duque había decidido sacar los militares a las calles de las principales ciudades para controlar manifestaciones y disturbios, a la par que se viralizaban en internet miles de videos ciudadanos que daban cuenta de la represión ejercida por la policía. Con más de cincuenta años de violencia paramilitar encima y el recuerdo de los peores momentos de la avanzada narco de los 80, el uso de la fuerza es un tema hipersensible para el pueblo colombiano.
Duque también había convocado a una mesa de diálogo nacional que incluya a los sectores y actores del país en busca de soluciones al descontento ciudadano. "Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones. No deben mediar diferencias ideológicas, sino un profundo patriotismo. Es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, los gobernadores, los alcaldes, y los líderes de la sociedad civil", subrayó el mandatario, en un mensaje que replicó su cuenta de la red Twitter.
Sin embargo, esta convocatoria tiene como problema que la protesta social no tiene interlocutores válidos, ni grupos de referencia. No se trata de una manifestación político-partidaria, sino de una expresión más descentralizada, lo que hace más difícil tener con quien resolver o negociar la crisis.
https://twitter.com/TembloresOng/status/1389716678519427076
Ayer por la noche también se difundieron videos de ataques de sectores radicalizados de los manifestantes contra cuarteles y estaciones de policía.
La escalada de violencia hizo que la comunidad internacional siga con preocupación la situación en las calles. Las fuerzas de seguridad "utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos", sostuvo ayer Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet.
La ONG Temblores, que se volvió una referencia en el registro de casos de abuso institucional, registró hasta horas de la mañana del miércoles 1443 casos de violencia policial.
La ONU y la UE condenaron el uso excesivo de la fuerza en Colombia
Si bien la polémica reforma tributaria ya fue retirada por el gobierno y el ministro de Hacienda que la redactó, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia, nadie puede decir a ciencia cierta cómo continuará la crisis política que atraviesa el país. A horas de una manifestación que se espera sea de las más grandes que recuerde Colombia, y en medio de una mayor tensión con las fuerzas de seguridad, el principal punto de acuerdo debería ser que la violencia deje la calle.
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