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SUSCRIBITE EEUU emitió un informe “Human Rights Report 2022″ sobre derechos humanos en Argentina, donde señalaron la existencia de actos de corrupción gubernamental, criticaron las condiciones carcelarias, los abusos de las Fuerzas de Seguridad y "un sistema judicial ineficaz y politizado".
En una de las secciones hacen referencia a la Corrupción. El informe estadounidense asegura que desde el Gobierno Nacional “no se implementó la ley de manera efectiva”, y que se reportaron “serios problemas con la independencia del poder judicial y una grave corrupción gubernamental”.
Manifestaron que “hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.
El informe destacó el proceso judicial sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner: "En septiembre se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango en ejercicio y ex, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", explicaron.7
El otro apartado del informe analiza la situación del Poder Judicial en nuestro país. En ese sentido, se señaló que “la impunidad siguió siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad en todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos”.
En el informe aseguran que los funcionarios judiciales no respetaron la independencia, a pesar de que la ley establece un poder judicial independiente. Detallan que en nuestro país "los funcionarios gubernamentales no siempre respetaron la imparcialidad judicial”. Además, agregan que, “los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales, en ocasiones fueron objeto de manipulación política".
En otro punto, hicieron referencia a que las “largas demoras, atascos procesales, largas brechas en el nombramiento de jueces permanentes, apoyo administrativo inadecuado e ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial. La amplia discrecionalidad de los jueces sobre si continuar con las investigaciones y cómo hacerlo contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones judiciales eran arbitrarias”.
En el informe, otro de los puntos más críticos en torno a los DDHH señala que "miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos".
Hablan de “ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; serios problemas con la independencia del poder judicial; y una grave corrupción gubernamental”.
Asimismo, el informe asegura que "El gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción".
"El hacinamiento en las prisiones siguió siendo un problema. Según el Servicio Penitenciario Federal, a septiembre había un estimado de 11.400 reclusos en un espacio diseñado para 10.936 personas", advirtieron.
Por otro lado, enfatizaron en las condiciones de reclusión: "Eran duras y amenazaban la vida debido al hacinamiento, la mala atención médica y las condiciones antihigiénicas. Hubo denuncias de traslados repetidos y arbitrarios, traslados a lugares distantes y el uso recurrente de la incomunicación como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires".
"El hacinamiento en los centros de menores a menudo dio lugar a que los menores fueran retenidos en las instalaciones de la comisaría, aunque algunas ONG y el defensor del pueblo penitenciario nacional señalaron que la ley prohíbe hacerlo".
El único punto positivo que señala el informe es la existencia de plena libertad de expresión. “La constitución establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios, y el gobierno en general respetó este derecho. Medios de comunicación independientes, un poder judicial eficaz y un sistema político democrático en funcionamiento se combinaron para promover la libertad de expresión, incluso para los miembros de los medios de comunicación”.
FUENTE: nota.texto7
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