Joe Biden quiere levantar el muro con México para frenar la inmigración

La administración de Biden declaró que eximirá de cumplimiento ("dispensará") a 26 leyes federales con el fin de autorizar la construcción del muro fronterizo en el sur de Texas. Esta es la primera ocasión en que esta gestión recurre a un amplio poder ejecutivo que se utilizó con frecuencia durante la presidencia de Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional divulgó la notificación en el Registro Federal, ofreciendo escasa información sobre el proyecto en el condado Starr, ubicado en Texas. Esta región forma parte de un área de la Patrulla Fronteriza que presenta un alto índice de ingresos ilegales, pero no se proporcionaron muchos detalles adicionales.

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De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno, se han registrado aproximadamente 245,000 ingresos ilegales durante el presente año fiscal en la región de Rio Grande Valley, que incluye un total de 21 condados.

“Actualmente existe una necesidad imperiosa e inmediata de construir barreras y caminos físicos en las inmediaciones de la frontera de Estados Unidos a fin de evitar ingresos ilícitos hacia Estados Unidos en las zonas del proyecto”, comunicó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el aviso.

¿Cómo se financiará la construcción del muro?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha eximido de cumplimiento varias leyes federales, entre ellas las normativas relacionadas con Aire Limpio, Agua Potable Segura y Especies en Peligro, con el objetivo de facilitar la realización del proyecto. Este proyecto se financiará con los fondos que el Congreso asignó en 2019 para la construcción de un muro en la frontera. Estas exenciones buscan evitar demoras ocasionadas por revisiones y litigios relacionados con posibles violaciones de las leyes ambientales.

El abrupto terreno en el condado de Starr, situado entre Zapata y McAllen, es hogar de aproximadamente 65,000 residentes en una superficie de 3,108 kilómetros cuadrados (alrededor de 1,200 millas cuadradas). Esta área forma parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Lower Rio Grande Valley.

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Aunque no se han divulgado mapas durante el anuncio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) presentó el proyecto en junio pasado y abrió el período de comentarios públicos en agosto. En esta etapa, compartieron un mapa que detalla la ampliación del sistema de barreras fronterizas existentes en la zona, con la posibilidad de añadir hasta 32 kilómetros adicionales.

El magistrado del condado de Starr, Eloy Vera, anunció que la construcción se iniciará al sur de la presa Falcon y se extenderá hasta las inmediaciones de Salineño, Texas.

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“La otra inquietud que tenemos es que la zona es sumamente erosiva. Hay muchos arroyos”, dijo Vera.

Un peligro para el medio ambiente

Este motivo de inquietud es compartido por los defensores del medio ambiente, quienes argumentan que las infraestructuras cruzarán áreas de dominio público y ecosistemas que albergan tanto a plantas como animales en riesgo, como el ocelote.

“Un plan para construir un muro atravesará una barrera impermeable directamente hacia el corazón de ese hábitat. Pondrá fin repentino a la migración de especies. Destruirá una enorme cantidad de terrenos protegidos de vida silvestre. Es un horrendo paso en la dirección equivocada para las tierras fronterizas”, indicó Laiken Jordahl, activista del Centro para la Diversidad Biológica.

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En el período gubernamental de Trump, se erigieron aproximadamente 724 kilómetros de muros a lo largo de la frontera entre 2017 y enero de 2021. El gobernador de Texas, Greg Abbott, reanudó dichas construcciones antes de que el gobierno federal las detuviera al comienzo del mandato de Biden.

La resolución adoptada el miércoles marca un contraste con la posición que mantenía el gobierno de Biden cuando emitió una proclamación para detener la construcción el 20 de enero de 2021, argumentando que “construir un enorme muro que abarque toda la frontera sur no es una solución política seria”.

En un comunicado emitido el miércoles, la CBP declaró que el proyecto está en concordancia con la proclamación del año 2021. “El Congreso asignó durante el año fiscal 2019 fondos para la construcción de barrera fronteriza en Rio Grande Valley, y el DHS está obligado a usar dichos fondos para su fin asignado", se informa en el mensaje.

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“La CBP mantiene su compromiso con la protección de los recursos culturales y naturales de la nación, e implementará prácticas ambientales sólidas como parte del proyecto que cubre esta dispensa”.

El comunicado generó un debate político en el contexto de un gobierno demócrata que se confronta con un aumento constante en el flujo de migrantes que han llegado a través de la frontera sur en los meses recientes. Esto incluye a miles de personas que ingresaron a Estados Unidos a través de Eagle Pass a fines de septiembre.

Críticas a la construcción del muro

“Un muro fronterizo es una solución del siglo XIV a un problema del siglo XXI. No reforzará la seguridad fronteriza en el condado Starr”, dijo el representante federal Henry Cuellar en un comunicado. “Seguiré en contra del desperdicio de los dólares de los contribuyentes en un muro fronterizo inefectivo”.

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Aquellos que respaldan la medida argumentaron que las exenciones de las leyes podrían servir como punto de partida para una modificación en la política.

“Después de años de negar que un muro fronterizo y demás barreras físicas fueran efectivas, el anuncio del DHS representa un cambio en la forma de pensar del gobierno: Un muro seguro es una herramienta efectiva para mantener el control de nuestras fronteras”, dijo Dan Stein, presidente de la Federación para una Reforma de Inmigración Estadounidense, en una declaración.

“Al hacer esa concesión, el gobierno necesita comenzar de inmediato la construcción de un muro a lo largo de la frontera para evitar que el tráfico ilegal simplemente se traslade a otras zonas de la frontera”.