"Este es un proyecto que busca regular un mercado que hoy está totalmente desregulado y controlado por el narcotráfico, un mercado opaco en el que participan anualmente unas 120 mil personas", afirmó Calzada en diálogo con Télam. Al fundamentar el proyecto que el Senado uruguayo buscará convertir en ley este año, Calzada apeló a aspectos jurídicos, sanitarios y de combate al narcotráfico.
El proyecto establece el permiso de compra de marihuana para usuarios registrados mayores de 18 años, con un máximo de 40 gramos por mes en farmacias además de la posibilidad de autocultivar hasta seis plantas y formar clubes de cannabis.
"Entre el 8 y el 10% de la población potencialmente consumidora establece relaciones con el crimen organizado para proveerse de una sustancia que es de que uso legal en nuestro país", ya que en Uruguay no se castiga el consumo de la marihuana, argumentó.
Calzada analizó que "hay tres grandes campos a la hora de plantear el proyecto: uno es la incongruencia actual que hay entre una acción permitida -fumar marihuana- pero cuyos actos preparatorios -compra, cultivo- se prohíben todos"; y calificó a esa situación como "una incongruencia jurídica que había que poner en su lugar".
Según Calzada, el proyecto implica "un enfoque que busca salirse de la mirada represiva, abordado desde lo sanitario, que apuesta a mejorar la calidad de vida de las personas".
"Está claro que la marihuana no es una droga inocua, (pero) es una perspectiva sanitaria porque no sólo brinda prevención y tratamiento al usuario problemático, sino que busca soluciones preventivas para toda la población al plantear que es una sustancia que tiene riesgos y que, según el uso que se haga de ella, ocurren los daños que puede provocar".
En una entrevista que transcurrió en la oficina que Calzada tiene en el décimo piso de la sede del Ejecutivo uruguayo, el funcionario se refirió a la tercera idea central del proyecto, "la que tiene que ver con el combate al narcotráfico".
"Cada persona que nosotros podamos incluir en un mercado regulado, es una persona que le restamos al narcotráfico", opinó.
"Hoy toda la cadena de valor está en manos del narcotráfico: el Estado no tiene injerencia y esto permite que los narcos se hagan de unos 30 millones de dólares por año en nuestro país, que son usados posteriormente para reproducir los mecanismos vinculados al tráfico de otras drogas y otras actividades criminales como la trata de personas, armas y el lavado de activos", denunció.
Calzada enfatizó que "la ley no crea un mercado" de consumo de cannabis, sino que lo que hace es "identificar la existencia de ese mercado y establecer los marcos regulatorios que permitan que deje de ser opaco y sea transparente, limitado, regulado y controlado por el Estado para el beneficio de la sociedad".
"Es una preocupación central no generar un turismo cannábico (y) hay en Uruguay un compromiso para que nuestras políticas soberanas no impacten negativamente en otros países vecinos ni contradigan sus políticas", finalizó.
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