Parece que la paz en Chile aún se encuentra muy lejos ya que hoy hubo una nueva manifestación frente a los tribunales en Santiago. En este caso, fueron los taxistas con banderas contra el cobro de peajes dentro de la ciudad los que decidieron lanzar el “superlunes” de protestas sociales.

Por la tarde,comenzaron a concentrase en Plaza Italia, epicentro de las marchas que sacuden al gobierno desde hace más de dos semanas.

Por el momento sólo se han registrado incidentes aislados en algunos puntos de la capital chilena entre manifestantes y Carabineros.

"La lucha sigue pero tenemos que levantar el país, a nadie le conviene que caigamos en picada", dijo a la AFP Olga Pérez, una contadora que acudía a su trabajo después de una hora y media de viaje en autobús desde su casa. "Todavía no tenemos el metro habilitado", dijo esta habitante de Puente Alto, un suburbio de clase trabajadora golpeado por el vandalismo, según cuenta Clarín.

En redes sociales circula el lema: "Esto aún no termina", con lo cual parece que los conflictos no tienen pensado terminar por el momento.

Recordemos que todas las manifestaciones en general reclaman la ausencia del Estado en materia de salud, educación y pensiones.

Con un 13% de aprobación, según el estudio de Cadem, una consultora, es el jefe de Estado con las cifras más bajas desde el regreso a la democracia en Chile en 1990.

Si bien hoy se conoció que la economía chilena creció un 3% en septiembre, tras el estallido social de estas semanas, el gobierno prevé una baja en las cifras con una caída de aproximadamente el 0,5% en octubre.

Con respecto a la actividad comercial, la entidad que las agrupa dijo que el 46% de las empresas sufrió varios y caídas estrepitosas en las ventas.

En total, las protestas ya se llevaron 20 muertos y hasta el momento hay 150 manifestantes que están complicados visualmente por el uso de los perdigones durante las manifestaciones.

Los daños en esta red subterránea, una de las más modernas en la región, se estiman por encima de 350 millones de dólares. Los desmanes en pymes y comercios, además de las infraestructuras públicas, superan los 900 millones de dólares, según cifras oficiales, informó Clarín.

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