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SUSCRIBITE La farmacéutica Pfizer, que estima en 15.000 millones de dólares las ganancias que obtendrá por la vacuna contra el Covid-19, fue acusada de ‘intimidar’ a los países latinoamericanos durante las negociaciones que mantuvieron durante el año pasado para acceder a las dosis, con pedidos abusivos de avales para Argentina, Brasil y Perú entre otros.
Los documentos fueron revelados por el consorcio internacional de periodistas The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), con sede en Londres, y el medio peruano Ojo Público, que investigaron las condiciones impuestas en dicho país para acceder a las vacunas.
De acuerdo a la investigación, en Perú, Pfizer solicitó durante el proceso de negociación incluir cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos. Funcionarios de Argentina y un país más comentaron que los negociadores de la compañía “exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos, después de ser vacunados”.
Argentina había comenzado a negociar con la empresa durante junio y julio, cuando el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el director general de la empresa. Durante las reuniones posteriores, Pfizer pidió que se le indemnizara por el costo de cualquier futura demanda civil. Aunque esto nunca se había hecho antes, el Congreso aprobó en octubre una ley que brindaba esa cobertura.
Sin embargo, Pfizer no estaba contenta con la redacción de la legislación, según un funcionario de la oficina del Presidente. El Gobierno creía que Pfizer debía ser responsable de cualquier acto de negligencia o malicia, tales como equivocarse en las vacunas enviadas o mandarlas con la cadena de frio rota, la cual requiere temperaturas por debajo de los 70 grados bajo cero. Pfizer no estuvo de acuerdo.
El punto final a las negociaciones se dio cuando Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros. Se trata de edificios de embajadas, bases militares y reservas del Banco Central.
"Nos ofrecimos a pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos un seguro internacional, pero la última petición fue extraordinaria: Pfizer exigió que los activos soberanos de Argentina también formaran parte del respaldo legal", comentó un funcionario de la oficina de Presidencia a dicho medio. "Era una exigencia extrema que sólo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos inmediatamente", agregó.
Dichas medidas también fueron impuestas a Brasil, según el artículo. Un funcionario de otro país latinoamericano, que no puede ser nombrado por confidencialidad, describió el desarrollo de las conversaciones de forma similar. Según ellos, el gobierno empezó a negociar con Pfizer en julio, antes de que se aprobara la vacuna. Existía la percepción de que los negociadores de Pfizer tenían una rutina de "policía bueno, policía malo", en la que el "policía malo" presionaba al gobierno para que comprara más dosis.
"[En ese momento] no había un solo fármaco o vacuna en el mundo con este tipo de tecnología que hubiera demostrado ser segura y eficaz ... Esta señora presionaba diciendo: 'Compren más, van a matar a la gente, la gente va a morir por su culpa'", sostuvo el funcionario de dicho país, que finalmente llegaron a un acuerdo para llevar adelante la compra.
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