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SUSCRIBITERodrigo Paz, presidente de Bolivia, dejó sin efecto la Ley de Estados de Excepción que se aplica en situaciones extremas cuando un país está en riesgo.
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este martes por la noche la Ley 1732, norma que deja sin efecto la Ley 1341 de Estados de Excepción, vigente desde 2020. La medida fue aprobada horas antes por la Cámara de Diputados y ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial.
La decisión se dio en medio de un escenario de fuerte tensión política y social, marcado por protestas, bloqueos y cuestionamientos sobre las facultades del Poder Ejecutivo frente a situaciones de conflictividad interna.
La nueva legislación tiene un único objetivo central: derogar completamente la Ley 1341, que regulaba la aplicación de los estados de excepción en Bolivia.
“Se abroga la Ley N° 1341 de 23 de julio de 2020, de Estados de Excepción”, establece el artículo principal de la norma recientemente promulgada.
La iniciativa obtuvo un amplio respaldo parlamentario. Primero fue aprobada en el Senado, que actuó como cámara de origen, y luego en Diputados, donde recibió el apoyo de más de dos tercios de los legisladores presentes.
La sesión en Diputados se extendió durante más de cinco horas y se desarrolló de manera virtual, con fuertes cruces políticos y jurídicos entre oficialismo y oposición.
Los legisladores que impulsaron la eliminación de la Ley 1341 argumentaron que la norma imponía restricciones excesivas al Ejecutivo para actuar ante escenarios de crisis social, bloqueos y hechos de violencia.
El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, fue uno de los principales defensores de la derogación. Durante el debate sostuvo que el país atraviesa una situación crítica que requiere decisiones más firmes por parte del Estado.
Según planteó, la Ley 1341 limitaba atribuciones constitucionales del presidente y dificultaba la posibilidad de aplicar medidas extraordinarias frente a los conflictos.
Rojas también realizó duras declaraciones contra los sectores movilizados y señaló que no se pueden tolerar hechos violentos ni agresiones contra policías y militares.
En la misma línea se expresó el diputado Carlos Alarcón, quien afirmó que la eliminación de la norma busca restituir facultades constitucionales al Ejecutivo ante escenarios de conmoción interna.
La derogación de la Ley de Estados de Excepción también despertó cuestionamientos de sectores opositores y de algunos legisladores del propio PDC, quienes advirtieron sobre posibles riesgos institucionales.
La diputada Sonia Siñani expresó reparos sobre la eliminación total de la norma y consideró que la medida podría profundizar la tensión social y política que atraviesa el país.
Para los sectores críticos, la Ley 1341 funcionaba como un mecanismo de control y regulación sobre las medidas extraordinarias que puede adoptar el Ejecutivo durante situaciones de emergencia.
La Ley 1341 había sido promulgada en julio de 2020 y reglamentaba la aplicación del estado de excepción contemplado en la Constitución Política del Estado boliviano.
La normativa establecía límites y procedimientos respecto a las acciones que podía implementar el Gobierno nacional en contextos de emergencias, conflictos internos, desastres naturales o alteraciones del orden público.
Entre otros aspectos, regulaba las restricciones temporales de derechos, el alcance de las medidas de seguridad y los mecanismos de control parlamentario durante la vigencia de un estado de excepción.
La promulgación de la Ley 1732 ocurre en un momento de alta conflictividad social en Bolivia.
Desde hace casi un mes se mantienen protestas y bloqueos en distintas regiones del país, especialmente en el occidente boliviano. La situación provocó problemas de abastecimiento, escasez de combustibles y dificultades en el tránsito interdepartamental.
En medio de ese escenario, horas antes de la aprobación legislativa, el vicepresidente Edmand Lara presentó una acción de amparo constitucional contra el presidente del Senado, Diego Ávila, con el objetivo de frenar la derogación de la norma.
Sin embargo, el trámite parlamentario continuó y el Ejecutivo avanzó con la promulgación pocas horas después de la sanción definitiva en Diputados.
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