Aunque el esfuerzo es muy preliminar, y en gran parte se centra en ciertas comunidades, algunos abogados de inmigración conocidos nacionalmente y prominentes activistas que defienden los derechos de los inmigrantes están discutiendo la posibilidad de establecer un sistema que proporcionaría representación legal gratuita a todos y cada uno de los inmigrantes que pudieran encarar deportación debido a las nuevas medidas de inmigración puestas en vigor por el presidente Donald Trump.
Si se estableciera tal sistema, marcaría un cambio histórico en cómo los extranjeros comparecen ante los tribunales migratorios. Actualmente, se les permite tener abogado, pero a menudo comparecen solos ya que muchos no tienen recursos para contratar un abogado o no pueden asegurar uno de los grupos sin fines de lucro que se encuentren perennemente mal financiados y con poco personal. A diferencia de los tribunales del orden penal, no existe ningún requisito legal para que los jueces de inmigración designen abogados gratuitos para los extranjeros que no pueden contratar uno.
Trump y sus asesores dicen que desean expulsar a millones de inmigrantes que, dicen, representan una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.
“Muchos extranjeros que ingresan ilegalmente a Estados Unidos y aquellos que sobrepasan el tiempo de sus visas o violan las leyes migratorias representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública”, según el texto de la orden ejecutiva de Trump del 25 de enero que también endureció las políticas migratorias .
Se necestiarían 10 mil abogados
Alguna cantidad de dinero se está acumulando en ciertas comunidades para financiar la representación legal, pero no está destinado a una iniciativa nacional, sino reservado para los inmigrantes que viven en las ciudades, condados o regiones donde los funcionarios han prometido fondos para la defensa legal en las cortes de inmigración.
En total, se han discutido quizás entre $10 millones a $20 millones en ciudades como Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Seattle.
Pero para que un esfuerzo nacional sea efectivo, se necesitarían más dinero y más abogados.
Dado que hay más de 530,000 personas actualmente en proceso de deportación en el país, una oficina nacional de defensores de oficio podría necesitar cerca de 10,000 abogados y un presupuesto de entre $300 millones y $400 millones, según expertos.
El desafío será la financiación.
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