9.413 empleados públicos cobraban el plan social Potenciar Trabajo

Marijuan previamente había requerido a los fiscales y jueces de cada área que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.

El fiscal comenzó su investigación en noviembre pasado y acaba de finalizar.

La pesquisa del fiscal se inició en noviembre pasado y recientemente ha concluido. Como era previsible, la provincia de Buenos Aires presenta la mayor cantidad de funcionarios públicos que, a su vez, estaban siendo beneficiados por el gobierno nacional.

El caso los empleados públicos, provincia por provincia

Buenos Aires 2.243; Tucumán registra 1.145; La Rioja, 1.060; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; Misiones, 321; Catamarca, 194; Chubut, 104 y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 49. Las últimas tres provincias fueron las mas rezagadas en responder el requerimiento fiscal y fueron intimadas dos veces.

Las regulaciones del programa Potenciar Trabajo eran explícitas al resaltar que una de las restricciones para acceder al beneficio es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.

El fiscal Marijuan investigó los desmanejos de la política social del gobierno anterior.

Desde la asunción de Javier Milei en la Casa Rosada y de Pettovello en Capital Humano, el Gobierno ha desvinculado a 36.249 beneficiarios del principal programa social que estaba bajo la jurisdicción de la ex cartera de Desarrollo Social, actualmente denominada Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con el programa de asistencia alimentaria.

El 6 de marzo, mediante la Resolución 115/2024, la administración encabezada por Javier Milei ordenó la cancelación de dicho subsidio social. Como alternativa, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, lanzó dos programas adicionales: “Volver al Trabajo”, que funcionará en la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad, y el de “Acompañamiento Social”, que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Los integrantes de dicho ministerio llegaron a la conclusión de que el Potenciar Trabajo no alcanzaba su propósito original, ya que solo el 1,3% de los cerca de 1,4 millones de inscritos lograron conseguir trabajo.

Debido a la baja eficacia observada en el Potenciar Trabajo, se optó por dividir a los beneficiarios en dos grupos: aquellos con mayores posibilidades de obtener empleo pronto (Programa Volver al Trabajo) y aquellos que enfrentan situaciones más complejas (Programa de Acompañamiento Social).

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello eliminó el Potenciar Trabajo y lo reemplazó por otros dos programas.

El ministerio de Pettovello confirmó que los beneficiarios fueron reasignados al programa correspondiente según las directrices establecidas. Además, recalcaron que los criterios de elegibilidad fueron actualizados tras la anulación de los criterios previos del Potenciar Trabajo.

Se suprimió la disposición que impedía optar por el beneficio en caso de tener ingresos formales. A partir de ahora, los beneficiarios pueden percibir hasta tres sueldos mínimos y continuar recibiendo asistencia social durante un período de dos años.

El Ministerio de Recursos Humanos subrayó la necesidad de modificar las limitaciones establecidas, ya que consideraron que la eliminación del beneficio de manera instantánea podría ser uno de los elementos que desmotivarían a los registrados a integrarse al ámbito laboral.

Asimismo, aseguraron que ya no será necesario realizar tareas sociales colectivas, como la pintura o limpieza de áreas públicas, ya que solo deberán completar una serie de programas educativos. Además, adelantaron que las organizaciones sociales ya no actuarán como intermediarias entre el gobierno y los ciudadanos para la inscripción y/o percepción de la ayuda.

Desde Capital Humano decidieron dejar de girar fondos a 281 Unidades de Gestión.

Por la misma causa, el Ministerio de Capital Humano optó por suspender la transferencia de los $17.183.910.509 que el año anterior la anterior ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, destinó a 281 Unidades de Gestión. Estas unidades comprenden proyectos laborales vinculados a cooperativas, gobiernos locales, administraciones provinciales u organizaciones de la sociedad civil, donde los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo debían cumplir con 20 horas de labor semanalmente.

De ese monto millonario, $11.925.954.904 estaban en manos de 144 cooperativas, la mayoría asociadas a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Entre ellas del Evita, Somos/Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y, entre otras, del Frente Popular Darío Santillán. A los principales dirigentes de estos movimientos populares y piqueteros Javier Milei los llamó “gerentes e intermediarios de la pobreza”.

El Estado derivaba más de $84 mil millones a beneficiarios que no debían recibir esa ayuda.

La cartera de Recursos Humanos ya había excluido a receptores del subsidio social que realizaron viajes internacionales en yates de alta gama y aviones privados, entre otros vehículos. El señalamiento fue igualmente formulado por el fiscal Guillermo Marijuan. Ahora, el sistema judicial tendrá que examinar la responsabilidad de los empleados que no supervisaron este tipo de anomalías en un programa de asistencia social dirigido a los sectores más desfavorecidos.