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SUSCRIBITE Fue una noche dramática. Ese 30 de diciembre del 20024 será recordado siempre y no solo por la muerte de decenas de personas, sino también porque en esa jornada cambió para siempre la visión sobre los controles en los locales nocturnos y la seguridad en boliches y recitales.
Esa noche en un boliche del barrio porteño de Once y durante el recital del grupo de rock Callejeros, murieron 194 personas y 1400 resultaron heridas. Todo se inició con un incendio causado por la explosión de una bengala en el interior del local, habilitado como discoteca y no como estadio para recitales.
La bengala impactó contra las telas que colgaban del techo de un lugar. El fuego cortó el circuito eléctrico y la discoteca quedó completamente a oscuras mientras los trozos de tela llameantes caían sobre los jóvenes. El fuego desató la estampida y el pánico dentro de un local de 1.500 metros cuadrados y con una habilitación para una máxima de 1.031 personas, pero en la que había 3.000 personas.
Al estar las puertas cerradas, todos los asistentes al recital se apretujaron en el pasillo de ingreso de Cromañón, donde no había matafuegos ni agua en los baños. Mucha de las víctimas murieron aplastadas y la mayoría asfixiadas, en especial los que estaban en el palco alto. Todo estaba cerrado con candados y alambre, según los testigos, porque los gerentes no querían que los adolescentes entraran al lugar sin pagar.
El juicio político y la destitución de Aníbal Ibarra, quien era por entonces jefe de gobierno porteño, más el encarcelamiento de Omar Chabán, gerenciador del local, no alcanzó para disminuir el dolor. Si comenzó una serie de clausuras de locales por irregularidades. Y también el rock cambió. Ya no era bien visto el uso de bengalas, común en esos años.
"Sin dudas se ganó en seguridad. Contar con mayores controles en habilitaciones sirve para que todo sea más seguro para el público y para los trabajadores de la música", dice Ana Poluyan, titular de la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos (Acmma). Pero también desaparecieron escenarios que habían servido de trampolín para las bandas emergentes: "Se perdieron el potrero y el semillero. Las clausuras masivas dejaron sin espacios a las bandas. Sería genial un punto intermedio: seguridad y espacios de desarrollo. Hacer del potrero de la esquina un lugar seguro", explica.
Dos funcionarias del gobierno, la subsecretaría de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, y la directora adjunta de Fiscalización y Control, Ana María Fernández, fueron condenadas en 2009 por incumplimiento de sus deberes a dos años de prisión, que no se cumplieron en forma efectiva, y a cuatro años de inhabilitación en la administración pública.
De los 15 procesados nueve fueron absueltos. Chabán fue hallado culpable y condenado a prisión, donde falleció el 17 de noviembre de 2014. Raúl Villarreal, colaborador del empresario Chabán, fue sentenciado a un año de prisión, pero nunca cumplió la condena. El subcomisario policial Carlos Rubén Díaz, fue condenado a 18 años de prisión por haber recibido la coima y como partícipe necesario de la tragedia.
Los músicos de Callejeros, quienes negaron responsabilidades, fueron absueltos por los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Daniel Llanos, después de un año de juicio oral y público. Solo el baterista está en la cárcel, pero por asesinar a su esposa. La banda siguió ofreciendo recitales y vendiendo discos hasta la separación de la banda, en 2010. El representante de Callejeros, Diego Argañaraz, fue sentenciado a 18 años de cárcel por el incendio doloso y como partícipe necesario del soborno.
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