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21 de junio de 2018 - 08:19
Polémica

Aborto: Crece la presión para que se permita la objeción de conciencia institucional

Es un reclamo de más de una decena de clínicas privadas. Afirman que negarlo es "un atentado contra la libertad". Piden que el Senado revea este punto.

Luego de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción al proyecto de legalización del aborto la semana pasada, más de una decena de clínicas, hospitales y sanatorios adelantaron su exigencia de que exista la objeción de conciencia no sólo individual -prevista en el proyecto- sino también la institucional.

"Es un atentado contra la libertad", dice a Clarín Fernando Iúdica, director del Hospital Austral respecto del proyecto que obtuvo media sanción y que no contempla la objeción de conciencia institucional aunque sí la individual.

"La objeción de conciencia personal es difícil de llevar a cabo. Normalmente podía hacerse antes de un acto médico que no estaba en línea con los ideales del profesional. Ahora va a haber un registro, que va a llevar sus tiempos. Desde la institución buscamos una objeción institucional: es apuntar a buscar la libertad".

Clínicas y hospitales

El diputado Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General y coordinador de las audiencias por las que pasaron 738 expositores, explica: "Durante el debate entre los diputados que impulsábamos la legalización, la objeción de conciencia fue tal vez el tema más debatido.

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Pensábamos que existía la posibilidad de que una institución privada quisiera ser objetora, y para eso contemplamos que esa institución pueda derivar el caso, es decir, que el aborto no se haga ahí, pero que esa institución deba controlar que la práctica se realice.

Si un sanatorio o clínica privados no quieren hacer abortos, deberán tener armado un sistema de derivación. Creemos que el proyecto que se votó permite así ser objetor pero sin deslindarse de la responsabilidad". En el caso de los hospitales públicos, asegura Lipovetzky, "siempre tendrá que haber quien garantice la práctica porque el Estado es garante".

Gerardo Bozovich coordina la comisión de Dirección Médica de Adecra-Cedim, que agrupa a la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina y a la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio.

"La redacción del proyecto implica la obligatoriedad para privados y públicos, pero los privados no tienen todos los servicios para responder a esos requerimientos. En las instituciones privadas, la mayoría de los médicos no son empleados, por los que no están obligados a responder a los requerimientos del director. Eso pone a los directores en una dificultad operativa bajo amenazas de sanciones y cárcel", sostiene.

FUENTE: Clarín.com

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