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SUSCRIBITEEl nuevo proyecto sobre Discapacidad mantiene las pensiones no contributivas, el nomenclador universal y el arancel unificado de prestaciones.
La Ley de Discapacidad
El Gobierno Nacional presentó este martes una nueva propuesta sobre discapacidad ante los bloques aliados, con el objetivo de avanzar en una reforma que permita superar la Emergencia en Discapacidad y dejar atrás la controversia generada por los recortes previstos en el proyecto de Presupuesto 2027.
Según establece el artículo 1 de la iniciativa, el objetivo es “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.
A diferencia de la propuesta incluida inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027, la nueva iniciativa mantiene vigente la pensión no contributiva por discapacidad y establece que continuará actualizándose mensualmente de acuerdo con la inflación, tal como ocurre actualmente.
Además, los beneficiarios tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. El proyecto también contempla que la pensión sea compatible con un trabajo registrado, siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Por otra parte, quienes incorporen a personas con discapacidad mediante contratos de trabajo por tiempo indeterminado podrán acceder a beneficios impositivos.
Uno de los principales reclamos de las organizaciones vinculadas a la discapacidad estaba relacionado con la posibilidad de eliminar el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.
La eliminación de ambos mecanismos hubiera permitido que cada obra social, empresa de medicina prepaga o provincia estableciera sus propios valores.
Sin embargo, el nuevo dictamen oficialista ratifica la continuidad de ambos instrumentos, en línea con lo establecido actualmente por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El artículo 4 mantiene vigente el artículo 7° bis de la Ley 24.901, incorporado por la Ley 27.793. Allí se establece que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las entidades obligadas por la normativa.
Los aranceles serán determinados por el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas y actualizados de acuerdo con el mecanismo previsto en el Decreto 274/24, que establece el índice de movilidad de jubilaciones, pensiones y asignaciones, o la normativa que eventualmente lo reemplace.
La iniciativa también establece que continuará vigente el derecho de los prestadores a cobrar las compensaciones previstas y que los pagos deberán realizarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma correspondiente.
El reclamo está vinculado con las compensaciones establecidas por el artículo 13 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, destinadas a cubrir el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no habría quedado compensado con las actualizaciones posteriores.
El nuevo proyecto también contempla un sistema de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El objetivo será verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener las pensiones no contributivas por invalidez laboral y las pensiones por discapacidad.
Para ello, el organismo deberá comenzar por controlar los requisitos documentales y socioeconómicos que puedan ser constatados de manera objetiva mediante el cruce de información con bases de datos públicas.
Finalmente, la propuesta incorpora una garantía presupuestaria para sostener las políticas de discapacidad.
Según establece el proyecto, las partidas destinadas al área “no podrán ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior”.
De esta manera, el Gobierno busca avanzar con una nueva propuesta que mantenga buena parte del esquema vigente de prestaciones y pensiones, mientras incorpora mecanismos de control y establece pautas para garantizar el financiamiento del sistema.
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