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SUSCRIBITE A través de Oil combustibles se habrían evadido 8 mil millones de pesos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) desestimó avanzar con las acusaciones contra los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y el extitular del organismo, Ricardo Echegaray, en la causa que investiga la presunta evasión de 8 mil millones de pesos a través de la empresa Oil Combustibles SA, afirmando que la causa se trató de un “hostigamiento y perseguimiento” contra los acusados.
La medida se conoce a horas del inicio de los alegatos que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3). Según informó Afip a medios nacionales, se retira como querellante en el caso y como consecuencia directa, durante la instancia del alegato que le correspondía para la jornada de este jueves se remitirá a lo planteado en la resolución que firmó Mercedes Marcó del Pont actual titular del organismo.
En la resolución que lleva la firma de Marcó del Pont, se dispuso “el desistimiento del organismo de la querella en la causa penal que tiene como principales imputados a los accionistas de la empresa Oil Combustibles”, se informó oficialmente.
La decisión está fundada en “la evidencia interna (auditorías y sumarios disciplinarios) y externa (denuncias administrativas y requerimientos judiciales) que dan cuenta de graves hechos de corrupción administrativa, basados en abusos de autoridad y desvíos de poder”.
Según afirma la Afip, “la matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”.
“Las irregularidades encontradas permiten desistir de la querella”, agregaron fuentes de Afip al diario Clarín. Se refiere a una presunta persecución por parte de la administración macrista a funcionarios y empresarios vinculados con el kirchnerismo.
En cambio, la acusación fiscal asegura que existió una “maniobra de corrupción por la cual desde la Afip, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la Nación, encabezados por el titular del organismo Ricardo Echegaray, defraudaron a través del ITC de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos”.
Los planes de facilidad de pago otorgados por la AFIP al empresario le permitieron no pagar impuestos, para que lo “utilizaran indebidamente y en su propio beneficio”. Ese dinero, según la Justicia, se destinó a capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo. “Ello, en perjuicio de las arcas del Estado que dejó de percibir la suma de $ 5.144.538.391,07 en concepto de capital”.
Cristóbal López siempre sostuvo que los planes de pagos fueron concedidos "bajo la normativa vigente en el fisco" y que la deuda no superaba los 650 millones de pesos cuando inició el debate oral. La justicia sostuvo que lejos de cumplir con sus obligaciones fiscales, el dueño del Grupo Indalo se "financió con dichos fondos para incrementar su conglomerado de medios".
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