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SUSCRIBITE Foto gentileza Matías Maiztegui
8M en Salta Capital
Desde los años 50, en Argentina logramos avanzar en materia de políticas con perspectiva de género, con un objetivo común: alcanzar la igualdad de derechos. En este sentido, resulta fundamental el rol del Estado, dado que desde las políticas públicas se puede desnaturalizar y visibilizar las diferencias de género para promover transformaciones e igualdad.
Repasemos algunas de las leyes vigentes en el país, que nos sirven para analizar las desigualdades que existen entre varones y mujeres, las que existieron a lo largo de la historia, y cómo fuimos avanzando, a pasos lentos, pero seguros, en identificarlas, visibilizarlas y seguir transformándolas.
El voto femenino en Argentina fue una de las grandes conquistas de las mujeres en la búsqueda de igualdad de derechos. Hasta 1947, solo los hombres argentinos mayores de edad podían elegir y ser electos.
Después de años de lucha, esta demanda histórica por parte de miles de mujeres, se concretó. El 23 de septiembre de 1947, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. El 11 de noviembre de 1951, el sufragio femenino se hizo realidad y con una participación masiva en las urnas, las mujeres votaron por primera vez en nuestro país.
En este proceso fue muy importante el rol de Eva Duarte, quien creó en 1949 el Partido Peronista Femenino. Durante la presidencia de Perón, alentó a las mujeres a luchar por sus derechos.
En el año 2002 fue sancionada la Ley conocida como “Ley de Cupo Femenino Sindical”. La normativa determinó un mínimo del 30% de Representación Femenina en cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales.
Los reclamos de esta ley fueron intensos desde la década del 90. La medida se logró, sin embargo, esa búsqueda de paridad sindical no se refleja al 100% en la práctica.
La situación en el ámbito Empresarial avanzó con la Resolución 34/2020. Según la misma, la paridad de género en las empresas debe conformar sus directorios con el 50% de presencia femenina. Sin embargo, Actualmente en Argentina, por cada mujer consejera en un directorio hay 5 hombres.
La Ley 26.485 fue sancionada en marzo de 2009 con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, eliminando la discriminación entre mujeres y varones, y afirmando el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.
Para llevarla a la práctica, se creó el Consejo Nacional de la Mujer -ahora Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad- como la institución encargada de diseñar las políticas públicas. Además, para cumplir con los objetivos, en 2013 se creó la línea telefónica 144 para atender, asesorar y contener a personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.
Dentro de la Ley N° 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, se incorporó en el año 2019 a la violencia en el espacio público -Acoso Callejero- y la incluyó como delito dentro del Código Penal. Se entiende que este tipo de acoso sexual ataca la dignidad, la libertad, integridad y el derecho de libre transito de las personas. Este tipo de situaciones corresponde a la violencia contra las mujeres en Espacios Públicos y de Acceso Público, Transportes y Centros Comerciales.
Además e implementó la Línea 22676 (ACOSO), para reportar y contener a las mujeres víctimas de este tipo de violencia.
La Ley N° 27.499 conocida como "Ley Micaela", establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que se desempeñan en la Función Pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Esta ley establece que: Cada trámite que se hace, cada intervención, cada proyecto de ley y cada una de las políticas públicas debe estar atravesada por la perspectiva de género.
Lleva el nombre de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante y víctima de femicidio.
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