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SUSCRIBITE Habiendo reunido el voto de los dos tercios de los presentes, la alianza oficialista Cambiemos logró acordar con buena parte de los bloques opositores -incluido el Frente para la Victoria- la aprobación del proyecto original.
Diputados había aprobado el proyecto a fines de mayo pasado y el Senado hizo lo propio la semana pasada, pero luego de haberle hecho cambios a la iniciativa, lo que obligó a devolverla a la Cámara baja.
Para el Gobierno esta es una ley de trascendencia ya que junto con Bolivia, Venezuela y Cuba, Argentina integra la nómina de países que no la tienen. Lo que plantea es obligar a los tres poderes del Estado a brindar la información requerida por cualquier ciudadano en un plazo de 15 días, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 15, con una cantidad de sanciones para las áreas que no cumplan con la norma.
También abarca a el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, y las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria, los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios, empresas, partidos políticos, sindicatos, universidades y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre otros.
La iniciativa crea una agencia de Acceso a la Información Pública, como ente autárquico, que funcionará con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, y cuyo director será elegido por el Poder Ejecutivo en un procedimiento "público, abierto y transparente que garantice la idoneidad del candidato".
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