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SUSCRIBITELa Procuración del Tesoro denunció un “acoso constante” de Burford Capital, que apuntaría a presionar la economía nacional para cobrar los 16.000 millones.
La Argentina pidió suspender el discovery ordenado por la Justicia de EEUU.
En el marco de la disputa judicial internacional relacionada con el juicio por la adquisición de YPF, la Procuración del Tesoro de la Nación de Argentina presentó ante la Justicia estadounidense un requerimiento formal para detener el proceso de discovery iniciado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, así como la moción de desacato impulsada por Burford Capital.
El pedido fue ingresado ante el juzgado a cargo de la jueza Loretta Preska durante la madrugada de este miércoles. Con esta acción, las autoridades argentinas buscan poner un freno al “hostigamiento sistemático” que, según señalaron, viene realizando la firma de abogados, la cual había obtenido ventajas en la primera instancia del juicio. “Hasta acá llegaron”, afirmaron desde el organismo.
“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, señalaron desde el organismo, en referencia a las tácticas legales de Burford Capital para reclamar los 16.000 millones de dólares que surgen del fallo vinculado a la expropiación irregular de YPF.
En los últimos días, el conflicto se intensificó cuando la compañía demandante no solo presentó la moción de desacato, sino que además requirió datos precisos sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Pocas horas antes de presentar la solicitud de suspensión, la Procuración del Tesoro de la Nación había informado a la Justicia de Estados Unidos que las reservas “son propiedad del Banco Central” y que están amparadas por la inmunidad de ejecución, es decir, son activos que no pueden ser embargados, por lo que cualquier pedido de información sobre ellos carece de fundamento legal.
Aunque desde el Gobierno enviaron un requerimiento para acceder a los datos solicitados, aclararon que la decisión final dependería del BCRA. Además, destacaron que Argentina ha cumplido de manera completa con el proceso de discovery establecido en esta causa.
De acuerdo con Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, también se rechazó de manera clara el pedido de los beneficiarios, que solicitaban que el ministro de Economía, Luis Caputo, compareciera para declarar sobre la ubicación y el destino de las reservas de oro del país.
Desde la Procuraduría del Tesoro de la Nación indicaron que “el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”. A pesar de ello, Burford Capital sostuvo que aún habría lagunas informativas, ya que no se incluyeron las comunicaciones privadas de los funcionarios actuales ni de la administración anterior.
De esta manera, la compañía británica tomó ese punto como fundamento para solicitar que Argentina fuera declarada en desacato. Ante esta situación, las autoridades nacionales denunciaron que los demandantes aumentaron la intensidad de sus exigencias con pedidos que resultan “cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.
Por esta razón, los abogados que representan a Argentina acusaron a la firma de manipular el proceso de discovery para transformarlo en un instrumento de presión política y judicial. “El discovery impulsado se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”, sostuvieron.
En ese marco, la Procuración del Tesoro de la Nación acusó a la contraparte de haber expresado “de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”. Por esta razón, calificaron esta postura como “inaceptable jurídica y moralmente”, señalando que el único objetivo de la firma sería adelantar el cobro del millonario fallo, a pesar de que el proceso aún se encuentra en revisión.
Finalmente, la Procuración reafirmó su compromiso de utilizar todos los mecanismos legales disponibles, en todas las instancias judiciales posibles, con el fin de proteger la soberanía nacional, garantizar el Estado de Derecho y frenar pedidos ilegítimos que contravienen las leyes argentinas, la Constitución y los principios fundamentales del derecho internacional.
Mañana se llevará a cabo una audiencia en la que participarán ambas partes, originalmente programada antes de que Burford Capital presentara la moción de desacato. Desde la Procuración del Tesoro de la Nación aseguraron que la posición de Argentina será más contundente que nunca y que buscarán persuadir a la jueza Preska para que no continúe habilitando los pedidos de la firma británica.
En cuanto a los beneficiarios del fallo inicial, se confirmó que contarán con la oportunidad de presentar un nuevo descargo el 19 de febrero. Ante esto, las fuentes oficiales evaluaron que podrían surgir nuevos ejes dentro del caso, los cuales podrían ser abordados hacia fines de marzo.
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