La jueza federal Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, reiteró su orden para que la Argentina entregue los correos y chats, incluidos WhatsApp, del ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor, Sergio Massa en la causa del juicio por YPF.
Consideró que las objeciones oficiales responden a “una estrategia dilatoria” y advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones. El límite de entrega vence el 30 de octubre. Los riesgos son sanciones procesales (inferencias adversas) o medidas de desacato si hay incumplimiento.
La audiencia de este viernes se concentró en el proceso de discovery del juicio por la expropiación de YPF y en pedidos de información ligados al presunto “alter ego” del Estado respecto de Aerolíneas Argentinas, el Banco Central, el Banco Nación e YPF.
Los fondos demandantes representados por los estudios Levine Lee, King & Spalding y Kellogg Hansen, insistieron en que funcionarios argentinos usan teléfonos y cuentas personales para tratar asuntos de gobierno. Preska habilitó avanzar y dejó abierta la posibilidad de inferencias adversas o desacato si no se cumple.
La pelea por las acciones de YPF
En paralelo, sigue la disputa por la orden de Preska de entregar el 51% de YPF para cobrar parte de la sentencia de US$16.100 millones. En julio, la Corte de Apelaciones del 2º Circuito concedió un freno temporal mientras analiza el caso, lo que dio aire a la estrategia argentina.
El Gobierno argumenta que transferir ese paquete vulneraría la inmunidad soberana, aplicaría de modo erróneo el derecho de Nueva York, no corresponde bajo la FSIA (Ley de Inmunidades Soberanas) y violaría derecho argentino e internacional. A comienzos de octubre, celebró apoyos internacionales a su apelación. Los beneficiarios del fallo —con Burford a la cabeza— deben responder a la presentación argentina el 14 de noviembre; la exposición final de la Argentina quedó para el 12 de diciembre. Aun con el trámite acelerado, no se esperan definiciones antes de 2026.
Qué se discute ahora
Alcance del discovery: si el Estado debe producir comunicaciones de funcionarios en cuentas y dispositivos personales cuando tratan temas públicos. “Alter ego” estatal: si empresas y organismos públicos operan como extensión del Estado a efectos de ejecutar la sentencia.
Caso YPF
Argentina fue condenada en 2023 a pagar US$16.1 mil millones por no haber hecho la oferta pública de adquisición a minoritarios cuando expropió YPF en 2012. La orden de transferencia del 51% fue dictada el 30 de junio de 2025, pero su ejecución quedó en suspenso por decisión del tribunal de apelaciones en julio.
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