Se trata de compromisos de los gobiernos en el sector minero que actúan como un virtual código de procedimientos, y establece lo esperable de una gestión pública, de las auditorías, de la relación comunitaria y del establecimiento, y el cumplimiento de las normas ambientales, entre otros aspectos.

El programa aplica protocolos de evaluación en aspectos vinculados a comunidades y personas, seguridad y salud, planificación de gestión de crisis y comunicaciones; responsabilidad medioambiental; eficiencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero y manejo del agua.

"La intención de la Argentina y de varios países de la región es lograr que este protocolo sea vinculante y rija en todos los países de América que adhieran al documento, lo que puede ser una gran posibilidad de los gobiernos de dar la cara ante la demanda de buenas prácticas mineras", explicó a Télam Daniel Meilán, secretario de Minería de la Nación.

Fuente: Télam

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