Un grupo de senadoras del Frente de Todos impulsa un proyecto para eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción. La iniciativa se presentó 10 días después de que Alberto Fernández asumiera como Presidente.

La iniciativa califica a los procesos judiciales por casos de corrupción como “verdaderos linchamientos mediáticos”, y señala que las publicaciones en los medios “que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado" es un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.

En medio de las críticas del kirchnerismo hacia los procesos judiciales en curso contra ex funcionarios y dirigentes sociales, el proyecto fue girado a la comisión de Justicia y Asuntos Penales para su discusión.

Cabe mencionar que si la ley que intentan impulsar hubiese estado vigente, figuras como Julio De Vido, Roberto Baratta, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Cesar Milani, Amado Boudou, Milagro Sala y José López no hubieran estado detenidos en forma preventiva. Estos últimos tres casos tienen condenas firmes.

El proyecto impulsado por las senadoras del Frente de Todos enumera condiciones para solicitar la nulidad de las órdenes de detención, entre las que se destacan la “publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.

También, “el incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso” y la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido”. Este último punto es una de las críticas recurrentes del kirchnerismo en el desarrollo del expediente del caso Cuadernos.

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Otro de los puntos señala: “la intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, y de la “intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal”.

Con relación al rol del periodismo, cuestionaron la “amplia cobertura de los medios de comunicación masivos y concentrados que procuran manipular la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar o minimizar otros”.

En este sentido agregaron: “Muchos referentes con amplia representación y legitimidad en nuestro país están sometidos a proceso, acusados de una gran variedad de figuras penales. Los procesos abiertos son suficientes para afectar la organización y la movilización de diferentes colectivos sociales; tanto de los que están directamente involucrados en las causas, como de aquellos que se ven intimidados por este accionar judicial”.

Por su lado, el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó el proyecto de ley: “Es un traje a medida para la impunidad”, señaló el diputado radical en las redes. “Una nueva idea del kirchnerismo. Con una ley hacen que sea casi imposible que un político corrupto vaya preso”, agregó.

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