La demanda fue iniciada por el fondo de inversión Burford, que en 2015 adquirió los derechos de litigio de las ex accionistas de YPF Petersen e Eaton Park, acusa a la Argentina de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera en violación de un estatuto de la compañía que requiere que cualquier oferta de adquisición sea acompañada por una oferta pública.

El primer cara a cara del proceso se realizará a las 11 en el tribunal de la jueza del segundo circuito, Loretta Preska, en el edificio de 500 Pearl Street, sede de los juzgados del Distrito Sur de Nueva York, y a la cual las partes llegan con la presentación previa de los escritos correspondientes en los que anticiparon los ejes de sus argumentaciones.

La audiencia es considerada clave ya que, a pesar de ser el primer encuentro, podrá determinar la finalización del proceso, con el consecuente perjuicio para la Argentina, o por el contrario iniciar una etapa de aportación de recursos jurídicos, documentos y testimonios que podría prolongar el juicio.

La representación argentina estará encabezada por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y uno de los directores de YPF, el abogado Fabián Rodríguez Simón, que se sumarán al estudio neoyorquino de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

A pesar de los recursos presentados en distintas instancias que llegaron hasta la Corte Suprema, la Argentina deberá concurrir a la audiencia de mañana con el riesgo de que la jueza Preska considere que se trata de causa juzgada tras sus fallos de primera instancia ratificado por la Corte de Apelaciones.

¿Qué puede pasar?

El especialista en deuda soberana y director de FinGuru, Sebastián Maril, explicó que la jueza en el peor de los escenarios puede decirle a la Argentina y a YPF que los argumentos esgrimidos durante las últimas semanas en su tribunal deberían haber sido planteados hace cuatro años cuando se dio lugar a la presentación de la defensa.

En esa hipótesis, entendería que la demanda es "cosa juzgada" y abriría la instancia de cuantificar los daños económicos, para lo cual deberá convocar a las partes a un nuevo encuentro.

La alternativa es que Preska escuche los argumentos de la Argentina e YPF, admita la presentación de nuevas pruebas y testigos o -como decisión más favorable- aceptar un pedido formal de Discovery, que derivaría entre seis y nueve meses de pedidos de documentación sobre la privatización y posterior nacionalización de la compañía.

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