La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, deberán ir a juicio oral y público por “asociación ilícita y lavado de dinero” en la causa Hotesur. Esto fue dictaminado por el juez Julián Ercolini tras determinar que se realizaron maniobras ilícitas por $80 millones.

En la causa se investiga el pago de habitaciones por parte del empresario Lázaro Báez, beneficiario de contratos millonarios de obra pública. Por medio de esta maniobra se habrían lavado millones "bajo cierta apariencia de legitimidad". De esta forma la familia presidencial podía declarar los ingresos ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante el fisco "ocultando" el origen ilícito.

Hotesur es la firma propietaria del hotel Alto Calafate. Para los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques la "organización" permitió "transferir y disimular parte de las ganancias en poder de los empresarios a los ex presidentes y a su núcleo familiar mediante préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en esos establecimientos y alquiler de propiedades".

Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que Florencia Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados desde 2016.

La justicia entiende que estas maniobras se realizaron ante la necesidad de la familia Kirchner de contar con "dinero blanco" para hacerse de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. Este último emprendimiento se adquirió con el dinero generado a través de 15 compra-venta de terrenos y propiedades entre Báez y los ex presidentes.

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