De acuerdo a lo solicitado por el fiscal, el pedido se efectúa por el delito de asociación ilícita en el marco de la causa Vialidad en Santa Cruz. Esta petición se realiza al apelar el fallo anterior de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado.
Recurren absoluciones
Además, Villar también ha recurrido las absoluciones dictadas en favor del empresario Lázaro Báez y otros implicados, incluido Julio De Vido. En su argumento, sostiene formaron parte activa en una estructura corrupta destinada a desviar fondos públicos durante más de una década.
El caso original involucra acusaciones sobre irregularidades y direccionamiento ilegal de obras viales hacia empresas vinculadas con Báez durante los gobiernos kirchneristas. La sentencia inicial fue ratificada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. La ex presidenta aún no enfrentará prisión debido a que puede recurrir ante la Corte Suprema de justicia de la Nación.
Cuáles son los antecedentes
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó recientemente una condena a 6 años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner, junto con una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, debido al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Se centra en el presunto direccionamiento irregular hacia las empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas. Se investigaron obras viales adjudicadas sin controles adecuados y con sobreprecios significativos.
Los fiscales argumentaron que hubo licitaciones manipuladas, condiciones extraordinarias, y falta de controles sobre incumplimientos. Además, presentaron mensajes telefónicos y sociedades comerciales entre Báez y familiares cercanos a los Kirchner como pruebas clave.
Piden reevaluación
La solicitud actual busca revertir parcialmente el fallo anterior absolviendo solo el cargo más grave (asociación ilícita) pero ahora pidiendo su reevaluación ante la Corte Suprema para aplicar una pena más severa si se confirma este delito.
Esta decisión refleja un intento continuo por parte del Ministerio Público Fiscal para endurecer las consecuencias legales contra Cristina Fernández en este caso emblemático relacionado con corrupción estatal durante su mandato presidencial.
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