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El proyecto contempla que el pago de los reajustes de haberes a jubilados se concretará a través de los ingresos que perciba el fisco por el blanqueo de capitales y los fondos que ingresen por la venta de las acciones, serán destinados a solventar el pago a los jubilados, entre otras cuestiones.
El proyecto de ley que irá recién el lunes al Congreso plantea pagarles a los jubilados que tengan juicios de reajuste de haberes con sentencia firme. Son unos 70 mil jubilados que tendrán la posibilidad de cobrar el 50% de la sentencia y el resto en 12 cuotas trimestrales a lo largo de los 3 años siguientes. Son unos $12.000 millones que ya están presupuestados.
Además, el proyecto contempla el pago a los 300 mil jubilados con juicios iniciados con sentencia en primera instancia o sin sentencia. En este caso el esquema de pago es el mismo: 50% al contado y luego cuotas. Pero con un límite o quita al monto reclamado ya que sólo le reconocerían el desajuste de haberes de los últimos cuatro años.
En ambos casos estos pagos se harían, según la última versión de un proyecto aun en elaboración, sujetos a la retención de la alícuota del 35% del impuesto a las Ganancias y a solicitud del interesado (el jubilado o sus herederos) que se inscriba en el registro web que habilitaría la página de la Anses y lo ratifiquen en la Cámara de la Seguridad Social. Aquellos que quieran litigar para conseguir una sentencia firme o insistan en el pago en los 120 días posteriores a la sentencia, podrán hacerlo.
Finalmente, para los 1,8 millones de jubilados sin juicio, no habrá reconocimiento de retroactivos sino ajuste de haberes de ahora en más.
Venta de acciones
El artículo que buscará viabilizar la venta de las acciones de empresas privadas que tiene en su poder la Anses busca levantar la traba implementada por el kirchnerismo el año pasado para una decisión de este tipo, cuando sancionó un proyecto de ley una cláusula que estipula la necesidad de contar con el voto positivo de dos tercios de los legisladores para autorizar una transacción de ese tipo.
Las acciones que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fueron a parar a manos de la Anses tras la reestatización del sistema previsional y el fin de las AFJP y corresponden a empresas como Telecom, Clarín, Techint, entre otras firmas.
Esa ley puede ser derogada a través de otro proyecto superador que cuente con el aval de una mayoría simple. Para el oficialismo, el proyecto votado en su momento por el kirchnerismo respondió más a una cuestión ideológica que efectiva, ya que considera que es más conveniente desvincularse de esas acciones por los vaivenes de la economía.
Desde el oficialismo sostienen que si bien los recursos del Fondo de Garantía Sustentable (FGS) calculado en 770.000 millones de pesos disminuirán notablemente, se podrán sumar otros ingresos con el blanqueo de capitales que también se promoverá en este proyecto de ley ómnibus.
Según publicó La Política Online, las autoridades de la Anses estiman que el costo de la operación rondará los $75.000 millones anuales y que estiman que con los 79.000 millones de utilidades anuales del FGS estarán en condiciones de afrontar sin necesidad de recurrir a la venta de acciones.
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