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SUSCRIBITEEl exministro de Planificación fue hallado culpable de administración fraudulenta agravada por el pago indebido de comisiones entre 2008 y 2015.
Julio De Vido.
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue condenado este martes a cuatro años de prisión por “compras indebidas” de Gas Natural Licuado (GNL) durante su gestión en el gobierno de Cristina Kirchner. Según la acusación, las maniobras habrían provocado al Estado una pérdida cercana a los US$ 7.000 millones.
En el mismo fallo, el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, impuso tres años y seis meses de prisión al exfuncionario Roberto Baratta, y tres años en suspenso al empresario Nicolás Dromi San Martino. Además, los magistrados ordenaron que los tres condenados reintegren al Estado US$ 5,5 millones en concepto de reparación.
De Vido y Baratta: penas de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No quedarán detenidos hasta que la condena quede firme.
Dromi San Martino: condena en suspenso, no irá a prisión y deberá realizar un curso de ética pública para el sector privado.
Fundamentos: el tribunal adelantó que se publicarán el 28 de noviembre; recién entonces las defensas podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El veredicto se leyó por videoconferencia, con los acusados conectados en simultáneo. En el tramo de últimas palabras, De Vido se limitó a agradecer a los jueces por el trato recibido.
La causa examinó operaciones de importación de GNL (2008–2015) y concluyó que existió administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, con pagos indebidos de comisiones y sobreprecios que impactaron en las cuentas estatales.
Esta es la tercera condena del exministro y el quinto juicio que enfrenta:
Tragedia de Once: condenado inicialmente a 5 años y 8 meses por administración fraudulenta (luego reducida a 4 años).
Trenes de España y Portugal: recibió 8 años por la compra de material en desuso; la Casación ordenó revisar la pena.
Tipo penal: administración fraudulenta agravada.
Afectación: perjuicio económico multimillonario al Estado.
Sanciones accesorias: inhabilitación perpetua (De Vido y Baratta) y reparación económica conjunta.
Qué sigue: con la difusión de los fundamentos el 28 de noviembre, las defensas podrán impugnar ante Casación. Hasta que haya sentencia firme, las penas no se ejecutan.
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